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Una alerta por videos publicados en TikTok puso en marcha una investigación que terminó con tres meses de prisión preventiva contra Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán, de 36 años, imputado de cometer agresión sexual contra una niña de un año de edad.

De acuerdo con el expediente presentado por el Ministerio Público, la Dirección de Área de Policía Cibernética detectó los audiovisuales mediante labores de vigilancia en las redes sociales. En las grabaciones, según las autoridades, el imputado aparecía con la menor en brazos mientras abordaba temas de naturaleza sexual.

La investigación permitió identificar el perfil utilizado para publicar los contenidos, bajo el nombre de “Carlos Tejeda”, y realizar diligencias para establecer la identidad de la persona que aparecía en los videos.

El caso también tomó impulso con la denuncia del padre de la niña, quien informó que reconoció a su hija en uno de los audiovisuales que recibió a través de las redes sociales. Según su declaración, al observar el material decidió acudir ante las autoridades.

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Asimismo, la abuela materna de la menor fue entrevistada y confirmó que los hechos investigados habrían ocurrido en su residencia, donde el imputado tenía acceso a la niña.

Como parte de las pesquisas, el Ministerio Público obtuvo órdenes judiciales de arresto y allanamiento para localizar dispositivos electrónicos, equipos de grabación y otras evidencias relacionadas con el caso. La investigación incluye un informe técnico de la Policía Cibernética, remitido a la Fiscalía del Distrito Nacional el 13 de noviembre de 2026, con capturas de las publicaciones y los videos preservados.

Prisión preventiva y advertencia sobre los videos

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional acogió la solicitud del Ministerio Público e impuso tres meses de prisión preventiva al imputado. El juez Emmanuel López dispuso que cumpla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.

La revisión obligatoria de la medida fue fijada para el 17 de febrero de 2027.

El Ministerio Público atribuye provisionalmente al caso delitos contemplados en la Ley 74-25, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 136-03, que protege los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La institución también hizo un llamado a no reproducir ni compartir los videos relacionados con la investigación, al advertir que su difusión constituye una violación a la ley. Las autoridades reconocieron el interés de quienes alertaron sobre el contenido, pero insistieron en que el material debe ponerse en conocimiento de las autoridades sin continuar circulándolo.

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