Bonao, Monseñor Nouel. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), en coordinación con el Cuerpo Especializado de Control del Comercio de Mercancías (CECCOM) y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), decomisó más de 78,000 productos ilegales, valorados en más de RD$37 millones, durante cuatro allanamientos realizados en establecimientos comerciales de Bonao.

Entre las mercancías ocupadas figuran bebidas importadas, estimulantes sexuales, artículos de uso personal y otros productos que no contaban con registro sanitario. Además, las autoridades encontraron artículos vencidos y otros que incumplían los requisitos de etiquetado establecidos en las normativas vigentes.

Las intervenciones, realizadas con el acompañamiento del Ministerio Público, abarcaron los establecimientos Plaza Victoria, ubicado en el distrito municipal Juma Bejucal; Tienda Verano y Supermercado Las Hortensias, en el centro de Bonao, así como el comercio Mei, situado en la avenida Las Hortensias.

El MICM explicó que la distribución y comercialización de productos vencidos, sin registro sanitario o sin el etiquetado reglamentario constituye una violación a la Ley 42-01, General de Salud, y a la Ley 17-19, sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados.

Los operativos fueron coordinados a través de la Mesa de Ilícitos y estuvieron a cargo de la Dirección de Inteligencia del CECCOM, junto a las Direcciones Regionales Central y Cibao Central, en apoyo a la Dirección Regional Cibao Sur. En las labores participaron técnicos de DIGEMAPS y los procuradores fiscales Ramón Guerrero Pérez, Juan Ramón Beato Vallejo, Diana Fabián y Jonathan Castillo.

La mercancía incautada fue trasladada a la sede del CECCOM bajo los protocolos de cadena de custodia, mientras el Ministerio Público continúa los procedimientos judiciales correspondientes contra los responsables.

Las instituciones reiteraron su compromiso de combatir la comercialización de mercancías ilegales y advirtieron que estas prácticas representan riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores, además de afectar los ingresos fiscales del Estado y generar competencia desleal frente a los comerciantes que operan conforme a la ley.

Asimismo, aseguraron que continuarán reforzando la coordinación entre las entidades responsables para identificar y perseguir las actividades relacionadas con el comercio ilícito, el contrabando y la falsificación de productos regulados en el territorio nacional.

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