EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) consideró que la reciente conformación de las salas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) constituye una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de fortalecer los criterios de igualdad de género, especialización judicial y transparencia en las decisiones de organización interna del máximo tribunal del Poder Judicial.
Al mismo tiempo, reconoció la importancia de avanzar hacia una justicia cada vez más representativa, especializada y cercana a las necesidades de la ciudadanía, en la que la integración de los órganos jurisdiccionales responda a criterios objetivos que contribuyan a garantizar la calidad de las decisiones judiciales y la confianza pública en las instituciones.
ROI valoró positivamente que una mujer, la magistrada Ricourt Gómez, haya sido designada para presidir la Primera Sala, especializada en materia civil y comercial. Asimismo, destaca la designación de la magistrada Yorlin Vásquez como representante ante el Consejo Nacional de la Magistratura y de la magistrada Antonia Josefina Grullón como representante de los jueces de la Suprema Corte de Justicia ante el Consejo del Poder Judicial.
Estas decisiones representan oportunidades importantes para fortalecer la participación de las mujeres en los espacios de dirección y representación institucional.
No obstante, la Red observó que persisten desafíos para alcanzar una participación equilibrada de mujeres y hombres en todas las salas de la Suprema Corte de Justicia. Mientras la Primera Sala estará integrada por tres mujeres y dos hombres, la Segunda Sala, especializada en materia penal, contará con una sola mujer entre sus cinco integrantes, y la Tercera Sala, competente en materia contencioso-administrativa, tributaria y de tierras, estará integrada exclusivamente por hombres.
Esta distribución evidencia que, más allá de la representación global de las mujeres en la Suprema Corte de Justicia, resulta necesario prestar atención a su participación efectiva en cada una de las salas y en los distintos ámbitos de especialización jurisdiccional.
En ese sentido, la Red considera importante que la perspectiva de género forme parte de los criterios institucionales que orientan la organización y composición de los órganos jurisdiccionales, en consonancia con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.
Otro aspecto que merece atención es la correspondencia entre la experiencia profesional de los magistrados y las materias jurisdiccionales que les corresponde conocer.
La especialización judicial constituye un elemento fundamental para garantizar la calidad técnica de las decisiones, la coherencia jurisprudencial, la seguridad jurídica y la eficiencia del sistema de justicia. Su importancia trasciende la trayectoria individual de los jueces y juezas, pues representa una garantía para las personas que acuden a los tribunales en procura de la protección de sus derechos.
En este contexto, ROI observó que el magistrado Francisco Antonio Villalona Guerrero, quien presidió el Tribunal Superior Administrativo y cuenta con una trayectoria vinculada a esa jurisdicción, ha sido designado presidente de la Segunda Sala, especializada en materia penal. De igual manera, el magistrado Julio César Canó, con una amplia experiencia en la jurisdicción penal, incluyendo su desempeño como integrante de una corte de apelación penal, ha sido asignado a la Tercera Sala, especializada en materia contencioso-administrativa, tributaria y de tierras.
la Red dijo que, sin poner en duda la capacidad ni la idoneidad profesional de estos magistrados, considera pertinente conocer cuáles fueron los criterios que sustentaron estas decisiones y de qué manera se ponderó la especialización jurisdiccional en la distribución de los integrantes de las distintas salas.
«La experiencia acumulada en una determinada materia constituye un patrimonio institucional que debe ser adecuadamente valorado y aprovechado en beneficio de las personas usuarias del sistema de justicia», apuntó la entidad en una nota de prensa.
La Red expresó que la publicidad de los criterios utilizados para la integración de las salas constituye una buena práctica institucional que contribuye a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en el Poder Judicial.
Finalizó diciendo que la autonomía de los órganos judiciales para adoptar decisiones sobre su organización interna debe ejercerse en armonía con los principios constitucionales que orientan la administración de justicia, particularmente la igualdad, la objetividad, la razonabilidad y la transparencia.
La Red de Observadores por la Institucionalidad reitera su compromiso con el fortalecimiento de la independencia judicial, la institucionalidad democrática y la participación ciudadana en los procesos relacionados con la administración de justicia, anunciando que en las próximas semanas publicará su informe final sobre los procesos de evaluación y selección de jueces y juezas de la Suprema Corte de Justicia realizados este año.
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