SANTO DOMINGO.- A solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Juan impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un hombre imputado por causar la muerte de su expareja a causa de heridas de arma de fuego, durante un hecho ocurrido en un residencial de esa provincia, el pasado 7 de noviembre.

El imputado Francisco Rosendo Moya Tavares, de 57 años de edad, es procesado por matar de varios disparos a su expareja Jocelyn Ceballos Matrille, de 36 años.

Las investigaciones estuvieron encabezadas por el procurador fiscal titular de San Juan, Adolfo Féliz Pérez, junto a la fiscal Danelis Medina, encargada de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de esa provincia.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 2:20 de la madrugada, en un apartamento del residencial Caonabo Tower.

La instancia con la solicitud de medida de coerción indica que el imputado cometió los hechos luego de sostener una confrontación con la víctima. Según establece el expediente, tras cometer el crimen, el imputado huyó, siendo posteriormente localizado y arrestado por miembros de la Policía Nacional.

El informe del médico legista Hamlet Contreras establece que Ceballos Matrille falleció a consecuencia de un shock hemorrágico, provocado por heridas de proyectil de arma de fuego.

Durante el procesamiento de la escena, miembros de la Policía Científica recolectaron diversas evidencias, entre ellas, una pistola calibre 22, cápsulas, casquillos y otros elementos vinculados con el hecho investigado.

El Ministerio Público sostiene que los hechos se produjeron en un contexto de violencia de género e intrafamiliar, por lo que continúa profundizando las investigaciones para reunir los elementos probatorios que permitan sustentar la acusación correspondiente.

El órgano persecutor otorgó provisionalmente a los hechos la calificación jurídica de homicidio doloso agravado, conforme a los artículos 91 y 92, numeral 11, de la Ley 74-25 que crea el nuevo Código Penal dominicano.

El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal litigante Diana Ramírez durante la audiencia donde la jueza Rocío Espejo Hidalgo ordenó el cumplimiento de la prisión preventiva en la cárcel pública de San Juan de la Maguana.

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