Santo Domingo, D. N.— El Comité Institucional Codiano (CIC) denunció que las actuales autoridades del CODIA han descuidado el ejercicio efectivo de la veeduría que les atribuye la Ley 16-26, incumpliendo su responsabilidad de dar seguimiento y contribuir a superar los obstáculos que retrasan la verificación y validación de las acreencias.
El vocero autorizado del CIC, ingeniero Miguel Liberato advirtió que esa falta de diligencia institucional, sumada a la demora de varias instituciones deudoras en remitir sus expedientes a la Comisión Ejecutora, pone en serio riesgo la posibilidad de que los 92 contratistas del CIC reciban sus pagos antes de finalizar 2026.
Liberato indicó que resulta inaceptable que, mientras el tiempo se agota y crece la incertidumbre entre los contratistas, “el CODIA no haya demostrado una actuación firme, activa y transparente en defensa de quienes llevan años esperando cobrar por obras ejecutadas”.
El vocero de los contratistas precisó que impera una profunda preocupación por la falta de claridad sobre el ejercicio efectivo de la veeduría por parte del CODIA cuando están por cumplirse tres meses de gestión de su actual Junta Directiva y persiste el riesgo de que los 92 contratistas del CIC incluidos en esa legislación concluyan el año sin recibir el pago de sus acreencias.
Se recuerda que durante una reunión celebrada el pasado 8 de octubre, el viceministro del Tesoro, Derby de los Santos, informó que la Comisión Ejecutora reconoce como veedor del CODIA a su representante legal, pero Liberato aclara que el artículo 16 de la Ley 16-26 reconoce al gremio como veedor en su condición de institución, por lo que corresponde a sus órganos de dirección determinar quién ejercerá esa responsabilidad.
El ingeniero Liberato explicó que desde el 18 de agosto los contratistas solicitaron al nuevo presidente del CODIA, arquitecto George Richardson, otorgar prioridad a la ejecución de la Ley 16-26 y sugirió incorporar a uno de los miembros del CIC a las labores de veeduría, tomando en consideración su amplio conocimiento de los expedientes, los antecedentes de las acreencias y los obstáculos administrativos que durante años han impedido su reconocimiento y pago.
Asimismo, denunció que el presidente del CODIA incumplió su compromiso de visitar con representantes del CIC a los titulares de las instituciones deudoras para impulsar la remisión de los expedientes a la Comisión Ejecutora, señalando que “Richardson sostuvo encuentros con el director de la CAASD, Fellito Suberví, y el ministro de Vivienda, Jean Luis Rodríguez, sin invitar a nuestros representantes, pese al compromiso previamente asumido”.
El CIC advirtió que esta indefinición sobre la veeduría del CODIA resulta particularmente preocupante porque, después de cuatro meses de trabajo de la Comisión Ejecutora, algunas instituciones deudoras todavía no han completado la remisión de los expedientes correspondientes a los contratistas incluidos en la ley.
De acuerdo con lo informado por Liberato, hace dos semanas el CIC reclamó a la Junta Directiva Nacional del CODIA que informe públicamente quién ejerce la veeduría contemplada en la Ley 16-26, cuáles gestiones ha desarrollado ante la Comisión Ejecutora y las instituciones deudoras, qué resultados concretos ha obtenido y cuáles acciones emprenderá durante las semanas restantes del año.
Finalmente, el CIC hizo hincapié en que el CODIA debe pasar de las promesas a las acciones y asumir plenamente su responsabilidad institucional, mientras las entidades deudoras y la Comisión Ejecutora deben acelerar los procedimientos pendientes.
