En América Latina, Chile ofrece una experiencia relevante para abordar los desequilibrios cuasifiscales, aunque su solución fue gradual y tomó décadas. La lección interesa a República Dominicana, donde la deuda del Banco Central supera el 10% del PIB, en algunos períodos ha rebasado el 15% y continúa creciendo.
En Chile, varios factores agravaron el problema: el rescate bancario de 1982-1983, las operaciones de compra de cartera deteriorada, el costo de las intervenciones cambiarias y las obligaciones financieras asumidas por el Banco Central para estabilizar el sistema.
Tras la crisis, el Banco Central compró cartera riesgosa a los bancos con compromisos de recompra. En 1989, esas obligaciones fueron sustituidas por la llamada “obligación subordinada”, que se pagaría con los excedentes de las entidades. Los pagos resultaron lentos y el mecanismo mantuvo durante años una carga importante en el balance del emisor.
¿Cómo se enfrentó el problema chileno?
No hubo una única ley de 1990 que resolviera el déficit. El proceso incluyó el reconocimiento por el Estado de los costos del rescate financiero, mediante pagarés que serían atendidos con excedentes fiscales, y cambios posteriores al régimen de pago de la deuda subordinada. La Ley 19.396, de 1995, estableció nuevas alternativas para facilitar su cancelación. El último pago de esa obligación se realizó en 2019.
La consolidación fiscal de los años noventa, el crecimiento económico y la reducción de la deuda pública facilitaron el manejo de esos compromisos. Chile pudo así fortalecer la posición financiera del Banco Central y preservar su autonomía, aunque el proceso no fue inmediato ni estuvo exento de costos.
La experiencia dominicana comenzó con la Ley de Capitalización del Banco Central de 2007, que estableció transferencias anuales del Gobierno Central. Durante la administración de Leonel Fernández se cumplió con ese mandato, con aportes equivalentes al 0.5% del PIB en 2008, que aumentaron hasta 0.9% en 2012. Durante el gobierno de Danilo Medina se fijaron en 0.7% del PIB, aunque en algunos años no se ejecutó la asignación. En la actual administración, los aportes promedian alrededor del 0.6% del PIB.
Pese al importante esfuerzo fiscal que representan esas transferencias, el mecanismo no ha detenido el crecimiento de la deuda. Incluso en años en que se cumplió la ley, el saldo continuó aumentando.
Entre 2023 y diciembre de 2025, los gobiernos transfirieron RD$441,957 millones por intereses de los bonos de capitalización y aportes directos. Mientras tanto, la deuda pasó de RD$89,438 millones, el 16 de agosto de 2004, a RD$892,140.4 millones en octubre de 2026. Es decir, se ha multiplicado casi por diez, pese a que las transferencias acumuladas equivalen a casi cinco veces el saldo de 2004.
La experiencia chilena deja una lección: el déficit cuasifiscal no se resuelve solo con una ley ni con transferencias presupuestarias. Requiere disciplina fiscal, cumplimiento sostenido y una solución que distribuya de manera racional la carga entre Hacienda y el Banco Central.
Asumir toda la deuda elevaría considerablemente el servicio de intereses del Gobierno. Una alternativa sería que el Banco Central, sin nuevos aportes fiscales, atienda los vencimientos de hasta tres años, unos RD$225 mil millones, equivalentes al 25%, estableciendo un compromiso de desmonte gradual, mientras Hacienda asume el 75% restante, de mayor plazo, y aplica un manejo de pasivos que extienda vencimientos y reduzca costos financieros.
Trasladar deuda entre ambas instituciones no la elimina para el sector público consolidado: cambia quién la administra y cómo se distribuye su costo, lo que exige metas fiscales y monetarias.
Una reforma fiscal integral sería, obviamente, imprescindible.
Diómedes Núñez Polanco
