SANTO DOMINGO.- El fortalecimiento del personal, la expansión de la presencia territorial y la incorporación de medios tecnológicos de vigilancia han ampliado la capacidad del Estado dominicano para gestionar el control migratorio, según establece el cuarto informe del Observatorio de Políticas Migratorias (OPM) y reportes de las instituciones del área.
El documento, que evalúa el seguimiento a las 15 medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo en abril de 2025, registra la presencia de la Dirección General de Migración (DGM) en las 32 demarcaciones provinciales del país y la realización de 3,602 operativos de interdicción entre abril y agosto de 2026. Asimismo, el organismo consignó una disminución en la reincidencia reportada, la cual descendió del 6 % al 4 %.
De acuerdo con datos oficiales de la DGM, el número de agentes asignados a labores de interdicción y control fronterizo se incrementó de 235 efectivos en octubre de 2024 a 1,272 en agosto de 2026, lo que representa la adición de 1,037 inspectores.
A este contingente se suman 116 agentes distribuidos en áreas de inteligencia, investigaciones, asuntos internos y apoyo jurídico, además de un grupo de 300 aspirantes en proceso de formación de 16 semanas sobre legislación, derechos humanos y procedimientos de custodia.
En lo relativo al dispositivo fronterizo, el Ministerio de Defensa reportó el despliegue de 11,000 soldados apoyados por redes de cámaras inteligentes, fibra óptica y sistemas de drones monitoreados desde el Centro de Comando y Control C5i.
Pese a los avances operativos constatados en las evaluaciones de campo, el balance del OPM señala como tareas pendientes la consolidación de los reglamentos para los mercados fronterizos, el fomento de la mano de obra nacional en sectores como la agricultura y la construcción, y la aceleración de los procesos de modernización productiva.
El Observatorio recomendó conciliar las discrepancias estadísticas entre instituciones y dar seguimiento continuo a las denuncias sobre actuaciones migratorias para garantizar el cumplimiento del debido proceso, la rendición de cuentas y el trato digno a las personas intervenidas.
