SANTO DOMINGO.- La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) solicitó este viernes a la Cámara de Diputados, que la modificación del artículo 31 de la ley 44-26 (Código Penal) sobre la entrada en vigor del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas que aprobó el Senado de la República, sea tramitada y declarada de urgencia por ese hemiciclo.
ANJE reiteró, en una breve nota, que el plazo de adecuación de tres meses que vence el 5 de noviembre de 2026 es «insuficiente» para que las empresas, y en especial las Mipymes, asuman las exigencias y costos del nuevo estándar de cumplimiento penal.
Si la iniciativa sigue el procedimiento ordinario, podría aprobarse después de esa fecha, cuando el régimen ya esté vigente y la extensión haya perdido su sentido, generando riesgos para miles de empresas que no han podido adaptarse todavía, dijeron los empresarios.
ANJE dijo compartir su respaldo a un sistema de responsabilidad penal empresarial efectivo y a la instauración de una cultura de cumplimiento y prevención, pero garantizando que las empresas cuenten con condiciones reales y proporcionales para cumplirlo.
El 21 de este octubre, el Senado aprobó de urgencia y en dos lecturas consecutivas un proyecto de ley que modifica la ley 44-26 para aplazar hasta noviembre de 2028 la aplicación de las disposiciones sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Bajo el nuevo Código Penal, las empresas y organizaciones (con o sin fines de lucro) podrán ser juzgadas y sancionadas penalmente por delitos cometidos en su nombre, por su cuenta o en su beneficio.
La responsabilidad empresarial se activa cuando una infracción es cometida por directivos, representantes o subordinados, y dicha acción u omisión fue facilitada por una falla o incumplimiento de los deberes de dirección, control o supervisión por parte de la empresa.
La culpabilidad de la persona jurídica no surge de manera automática por el solo hecho de que un empleado cometa un delito; se debe verificar que la empresa falló en sus mecanismos de control.
Aunque las empresas no van a prisión, enfrentan sanciones patrimoniales, restricciones, multas severas o la inhabilitación para operar, lo que obliga a revisar de inmediato los manuales de gobierno corporativo y gestión de riesgos.
