Durante décadas, los gobiernos y los bancos centrales confiaron en que las crisis económicas podían contenerse mediante una combinación de estímulos fiscales y flexibilización monetaria. Cuando los mercados financieros se desplomaban, los bancos centrales reducían las tasas de interés e inyectaban liquidez. Ante una recesión, los gobiernos aumentaban el gasto público, reducían impuestos o proporcionaban asistencia financiera a hogares y empresas. Estas intervenciones nunca eliminaron los ciclos económicos, pero ayudaron a moderar sus consecuencias y restablecer la confianza. El problema es que, con el paso del tiempo, muchos gobiernos confundieron la capacidad de responder a una crisis con la posibilidad de gastar y endeudarse indefinidamente.
Hoy, esa forma de administrar la economía comienza a mostrar sus límites. La inflación persistente, los elevados déficits fiscales y el creciente endeudamiento público han reducido el margen de maniobra de las autoridades económicas. Los instrumentos que durante décadas permitieron amortiguar las recesiones siguen siendo útiles, pero utilizarlos resulta cada vez más costoso. Lo preocupante es que buena parte de estas restricciones no responde únicamente a circunstancias extraordinarias, sino también a decisiones políticas que privilegiaron los beneficios inmediatos sobre la sostenibilidad de largo plazo.
Después de la crisis financiera de 2008, las economías avanzadas disfrutaron de condiciones excepcionales. Las tasas de interés se mantuvieron en niveles históricamente bajos y la inflación permaneció relativamente contenida. Los gobiernos podían financiar déficits considerables a costos reducidos, mientras los bancos centrales expandían sus balances sin provocar presiones inflacionarias significativas de manera inmediata. La pandemia reforzó la percepción de que la intervención masiva del Estado podía evitar un colapso económico. Sin embargo, el posterior repunte de la inflación puso de manifiesto que aquellas condiciones no eran permanentes.
La política monetaria enfrenta ahora un dilema particularmente complejo. Cuando la actividad económica se debilita, lo habitual sería reducir las tasas de interés para estimular el consumo, la inversión y el crédito. Pero si la inflación permanece elevada, esa respuesta puede agravar el problema. Una reducción prematura de las tasas podría estimular la demanda, debilitar la moneda y comprometer la credibilidad del banco central. Mantener una política restrictiva, por el contrario, puede profundizar la desaceleración económica y aumentar las dificultades financieras de empresas y hogares.
La Reserva Federal enfrentó esta contradicción durante el episodio inflacionario posterior a la pandemia. A diferencia de lo ocurrido después de 2008, cuando podía respaldar a los mercados mediante una política monetaria expansiva, tuvo que elevar agresivamente las tasas de interés para contener la inflación. Los inversionistas comenzaron a descubrir que una caída de las bolsas o un deterioro de las condiciones crediticias ya no garantizaban una intervención inmediata del banco central. La estabilidad de precios y la estabilidad financiera, que durante años parecían objetivos complementarios, podían exigir respuestas difíciles de conciliar.
En el ámbito fiscal, las restricciones son igualmente preocupantes. Los gobiernos han acumulado grandes volúmenes de deuda como resultado de sucesivas crisis, compromisos permanentes de gasto y déficits presupuestarios persistentes. El aumento de las tasas de interés encarece el refinanciamiento de esas obligaciones y absorbe recursos que podrían destinarse a infraestructura, educación, salud o inversión productiva. Cuando una proporción creciente de los ingresos públicos debe utilizarse para pagar intereses, el presupuesto pierde flexibilidad y la capacidad de responder a nuevas emergencias se debilita.
Un país con finanzas públicas saludables puede enfrentar una recesión aumentando temporalmente su déficit. Uno altamente endeudado dispone de menos alternativas. El gasto adicional puede aliviar las dificultades económicas a corto plazo, pero también generar dudas sobre la sostenibilidad de la deuda. Si los inversionistas exigen mayores rendimientos para financiar al gobierno, aumentan los costos del crédito en toda la economía. El estímulo concebido para impulsar el crecimiento puede terminar debilitando sus propias posibilidades de éxito.
Aquí aparece una de las contradicciones más importantes de la política económica contemporánea. Muchos gobiernos mantienen déficits elevados incluso durante períodos de expansión, cuando deberían reconstruir sus reservas fiscales para enfrentar futuras recesiones. El gasto público deja de responder exclusivamente a necesidades económicas y se convierte, con demasiada frecuencia, en un instrumento para satisfacer compromisos electorales, preservar popularidad o posponer decisiones impopulares. El costo de esas decisiones no desaparece: se acumula en forma de deuda y termina limitando las opciones de quienes deberán gobernar en el futuro.
Las dificultades aumentan cuando la economía enfrenta perturbaciones de oferta. Un encarecimiento de la energía, una interrupción del comercio internacional o una crisis geopolítica pueden reducir la producción y elevar simultáneamente los precios. En esas circunstancias, estimular la demanda no resuelve la escasez que origina el problema. Tampoco una política monetaria restrictiva puede producir más petróleo o reparar las cadenas de suministro. Las autoridades deben equilibrar objetivos contrapuestos, mientras los hogares y las empresas soportan las consecuencias de una inflación elevada y un crecimiento más débil.
Los mercados financieros tampoco están preparados para todas las implicaciones de este nuevo entorno. Durante buena parte del período posterior a 2008, los bonos gubernamentales ofrecieron protección cuando las bolsas registraban pérdidas. Las recesiones solían provocar reducciones de las tasas de interés, elevando el valor de los bonos y compensando parcialmente las caídas de las acciones. Pero cuando la inflación obliga a mantener tasas elevadas, ambos mercados pueden retroceder simultáneamente. La diversificación tradicional pierde parte de su capacidad protectora y los inversionistas enfrentan una volatilidad más difícil de administrar.
Las consecuencias, sin embargo, van mucho más allá de las carteras de inversión. El encarecimiento del crédito desalienta la inversión empresarial, dificulta el acceso a la vivienda y aumenta la carga financiera de los hogares endeudados. La inflación reduce el poder adquisitivo, especialmente entre las familias de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de sus recursos a bienes esenciales. Al mismo tiempo, los gobiernos que enfrentan crecientes obligaciones por el servicio de la deuda pueden verse obligados a reducir la inversión pública o limitar programas sociales. La factura de los desequilibrios macroeconómicos termina llegando a quienes menos capacidad tienen para protegerse.
Esta realidad también obliga a examinar críticamente la forma en que los gobiernos han intervenido durante las grandes crisis. La experiencia de 2008 demostró que los rescates financieros podían evitar un colapso sistémico, pero también generó cuestionamientos sobre la distribución de sus costos. Mientras numerosas instituciones recibieron apoyo público, millones de familias enfrentaron desempleo, pérdidas patrimoniales y dificultades económicas. Evitar una crisis financiera protege a toda la sociedad, pero ello no justifica que las pérdidas derivadas de decisiones privadas excesivamente arriesgadas terminen trasladándose sistemáticamente a los contribuyentes.
Existe otro peligro menos visible: la dependencia creciente de la intervención estatal. Cuando los inversionistas asumen que los bancos centrales siempre proporcionarán liquidez y que los gobiernos acudirán al rescate ante cualquier dificultad, pueden aumentar su exposición al riesgo. El resultado es un sistema financiero más apalancado y vulnerable, cuya estabilidad depende cada vez más de nuevas intervenciones públicas. Cada crisis deja mayores obligaciones y reduce la capacidad de respuesta frente a la siguiente.
Nada de esto significa que las contribuciones de Keynes, Robert Hall, Michael Woodford y otros economistas hayan perdido relevancia. Sus trabajos han permitido comprender mejor la relación entre las expectativas, el consumo, las tasas de interés y las decisiones de inversión. Los modelos macroeconómicos modernos ofrecen herramientas valiosas para analizar las fluctuaciones económicas y diseñar políticas de estabilización. Pero ninguna sofisticación teórica puede eliminar las restricciones presupuestarias ni sustituir la disciplina que exige una administración responsable de los recursos públicos. Una cosa es identificar la política económica deseable y otra muy distinta disponer de los medios para ejecutarla.
El problema de fondo no es la ausencia de instrumentos económicos, sino la falta de voluntad política para preservar su eficacia. Durante demasiado tiempo, numerosos dirigentes han tratado el presupuesto público como una herramienta para administrar el presente, sin prestar suficiente atención a las obligaciones que dejan a las generaciones futuras. Se prometen beneficios inmediatos, se posponen reformas necesarias y se acumulan compromisos cuyo financiamiento dependerá de contribuyentes que todavía no participan en las decisiones políticas.
Es hora de abandonar ese populismo macroeconómico. La responsabilidad fiscal no consiste en reducir indiscriminadamente el gasto público ni en renunciar a la intervención del Estado cuando las circunstancias la justifican. Consiste en establecer prioridades, financiar de manera sostenible los compromisos asumidos y distinguir entre el gasto que genera beneficios económicos duraderos y aquel que responde principalmente a conveniencias políticas. Un gobierno responsable debe invertir en infraestructura, educación, salud y productividad, pero también reconocer que los recursos son limitados y que toda decisión presupuestaria implica costos y renuncias.
Recuperar el margen de maniobra de la política económica exige reconstruir la credibilidad fiscal mediante presupuestos sostenibles, sistemas tributarios eficientes y una administración rigurosa del gasto. Los bancos centrales, por su parte, deben preservar su independencia y la confianza en la estabilidad de precios, sin renunciar a los instrumentos necesarios para enfrentar verdaderas emergencias financieras. La regulación también debe desalentar el apalancamiento excesivo y evitar que las pérdidas privadas se conviertan recurrentemente en obligaciones públicas.
Un gobierno que agota su capacidad fiscal durante los períodos de expansión tendrá dificultades para responder cuando llegue una recesión. Un banco central que sacrifica su credibilidad para sostener artificialmente los mercados puede terminar enfrentando un ajuste mucho más doloroso. La verdadera fortaleza de una economía no reside únicamente en su capacidad para intervenir durante las crisis, sino en la prudencia con que administra sus recursos cuando las condiciones son favorables.
El mayor peligro que enfrenta la economía mundial no es que las autoridades hayan olvidado cómo combatir las recesiones. Es que las crisis sucesivas, el endeudamiento excesivo y la persistencia de la inflación han erosionado gradualmente los instrumentos de los que dependen para contenerlas. La próxima gran perturbación podría llegar antes de que los gobiernos y los bancos centrales hayan recuperado la capacidad financiera e institucional necesaria para enfrentarla.
Poner la casa en orden no significa renunciar al crecimiento ni abandonar la protección social. Significa reconocer que ninguna economía puede sostener indefinidamente compromisos superiores a su capacidad de financiarlos y que la estabilidad no se construye acumulando deudas que otros deberán pagar. La responsabilidad de los dirigentes políticos no termina con el próximo presupuesto ni con las siguientes elecciones. También alcanza a las generaciones que heredarán las consecuencias de sus decisiones. Gobernar con responsabilidad exige pensar en ellas antes de que llegue la próxima crisis.
