Santo Domingo.- Un análisis económico de la justicia en República Dominicana revela que el 57.94 % de los asuntos judiciales evaluados se resolvió fuera del plazo establecido por la ley, una situación que genera gastos, pérdida de ingresos y retrasos en inversiones y decisiones personales.
La investigación, titulada Análisis económico de la justicia: impacto sobre la inversión y el desarrollo en la República Dominicana, fue realizada por la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), bajo la responsabilidad del investigador Rolando M. Guzmán.
El estudio examinó 769,823 asuntos fallados entre enero de 2025 y junio de 2026, además de recoger las experiencias de 230 personas que habían concluido procesos judiciales y realizar entrevistas a empresas, abogados y expertos.
Entre los 623,514 asuntos sujetos a evaluación de plazos, unos 361,270 fueron resueltos fuera del tiempo legal, equivalentes al 57.94 %, mientras que solo 262,244, el 42.06 %, se decidieron dentro del plazo correspondiente.
Los resultados también muestran que, aunque la duración promedio de los procesos disminuyó un 10 %, al pasar de 80.9 días hábiles en el primer semestre de 2025 a 72.7 días en igual período de 2026, persisten diferencias importantes según el tipo de caso y el tribunal.
- 57.94 % de los asuntos evaluados quedó fuera del plazo legal.
- 52.61 % de los usuarios encuestados interrumpió su trabajo por un proceso judicial.
Procesos judiciales generan gastos y afectan los ingresos
El informe establece que acudir a los tribunales representa un costo que va más allá del pago de abogados, debido a los gastos de transporte, documentos, trámites y tiempo dedicado al seguimiento de los casos.
Entre las personas encuestadas que reportaron honorarios legales, el gasto promedio fue de RD$64,888, mientras que quienes declararon otros desembolsos señalaron un promedio de RD$56,204.
Asimismo, el 82.17 % de los consultados indicó haber gastado en transporte; el 81.74 %, en copias o certificaciones, y el 73.48 %, en servicios notariales o legalizaciones.
Las consecuencias también alcanzan el ámbito laboral. El 52.61 % de los participantes aseguró que tuvo que interrumpir su trabajo durante el proceso, mientras que un 34.35 % reportó pérdida de ingresos y un 27.39 % afirmó haber perdido oportunidades de negocio.
La investigación señala que los conflictos judiciales también pueden frenar decisiones económicas. Entre quienes reportaron haber postergado o modificado decisiones personales o patrimoniales, el 33,04 % mencionó el inicio de un negocio, mientras que otros indicaron dificultades para vender propiedades, cambiar de vivienda o continuar sus estudios.
En cuanto a la duración, los asuntos inmobiliarios registraron el promedio más alto, con 165 días hábiles; seguidos de los civiles, con 139 días, y los laborales, con 114 días. Los procesos penales promediaron 56 días y los de tránsito, 20.6 días.
El estudio también identificó diferencias entre los tribunales: las cortes de apelación presentaron una duración promedio de 148 días hábiles, frente a los 75.9 días de los tribunales de primera instancia y los 65.4 días de los juzgados de paz.
Demoras judiciales también afectan la salud y las inversiones
Más allá de los gastos económicos, la investigación encontró consecuencias en el bienestar de quienes enfrentan conflictos legales.
El 57.39 % de los 230 usuarios consultados manifestó haber experimentado estrés o preocupación constante, mientras que el 38.26 % reportó ansiedad y el 30.43 % señaló dificultades para dormir.
Otro de los hallazgos fue la frecuencia de las suspensiones de audiencias. De 154 participantes que asistieron a audiencias, 128 personas, equivalentes al 83,12 %, afirmaron haber enfrentado al menos una suspensión o reprogramación.
En el ámbito empresarial, las entrevistas identificaron que la incertidumbre sobre los resultados de los procesos puede retrasar inversiones, transacciones y proyectos, especialmente cuando existen dificultades para ejecutar las decisiones judiciales.
El informe advierte que las pequeñas empresas enfrentan mayores dificultades para asumir los gastos de procesos prolongados, debido a que cuentan con menos recursos financieros y operativos.
También señala que obtener una sentencia favorable no siempre significa recuperar de inmediato el dinero, los bienes o los derechos reclamados, ya que pueden surgir nuevas gestiones para lograr su cumplimiento.
«Pese a estas dificultades, las empresas entrevistadas reconocieron avances en la digitalización del sistema judicial, principalmente por la posibilidad de consultar expedientes y realizar depósitos electrónicos sin necesidad de trasladarse».
La investigación identifica como aspectos fundamentales para mejorar el funcionamiento de la justicia la reducción de las demoras, la aplicación consistente de los criterios judiciales y el cumplimiento efectivo de las sentencias, elementos que pueden contribuir a disminuir los costos de los conflictos y mejorar las condiciones para la actividad económica.
