El más reciente informe de la Oficina Nacional de Defensa Pública vuelve a poner de relieve el hacinamiento de nuestras cárceles, un problema tan persistente que casi parece inevitable. Al cierre de 2025, los recintos carcelarios albergaban 23,270 personas, pese a contar con capacidad para 16,357. Ya sabemos que el hacinamiento es una violación de derechos, pero es necesario enfatizar que también constituye un problema de seguridad ciudadana y un problema económico. La precariedad dificulta la rehabilitación de los reclusos, aumenta el riesgo de reincidencia y desperdicia la oportunidad de desarrollar capacidades productivas en personas que, tarde o temprano, regresarán a la sociedad.
Cada año, miles de personas pasan por el sistema penitenciario, entre ellas muchos jóvenes. La aspiración debería ser que salgan con mejores capacidades para ganarse la vida, pero en las condiciones actuales muchos saldrán con las limitaciones que tenían cuando ingresaron, agravadas por el tiempo en prisión. En lugar de formar, la cárcel puede degradar. Es en cierto modo comprensible que tanta gente esté convencida de que quien entra al mundo del delito no tiene remedio. Esa resignación es tan lamentable como peligrosa. Para combatirla, debemos demostrar que existen caminos reales de recuperación.
En un esfuerzo valioso, el Infotep desarrolla programas de capacitación penitenciaria y ha certificado a miles de internos. Pero, ¿por qué no pensar en una iniciativa mucho más ambiciosa, especialmente diseñada para desarrollar habilidades productivas entre los reclusos más jóvenes? ¿Por qué no ver la inversión en los presidiarios como parte de una agenda de productividad y crecimiento? Podemos y deberíamos ir más allá de adonde hemos llegado en ese camino. Una intervención que dé prioridad a los más jóvenes y a quienes delinquen por primera vez, ofreciéndoles alternativas antes de que consoliden una trayectoria delictiva, podría representar una inversión con elevado retorno económico.
