Las mal denominadas ejecuciones extrajudiciales protagonizadas por miembros de la Policía Nacional contra jóvenes de los barrios marginados del país, presuntos delincuentes, han alcanzado un nivel que debe llamar a la atención del presidente de la República, Luis Abinader, de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y toda la sociedad dominicana.
El concepto de ejecuciones extrajudiciales es incorrecto porque la pena de muerte no está contemplada en ningún artículo de nuestra constitución ni del Código Penal y, por el contrario, nuestra carta magna en su artículo 37 garantiza el derecho a la vida, por lo que ninguna instancia o dependencia del Estado puede arrogarse el derecho de la ejecución de ningún ciudadano, independientemente de que sea culpable de los hechos que se les imputen.
Considero que la situación se le está escapando de las manos al gobierno al punto que funcionarios, legisladores, comunicadores independientes y hasta allegados al poder, alzan su voz de protesta ante la cacería de jóvenes mediante el desacreditado eufemismo de intercambio de disparos, situación que está afectando la imagen de un gobierno que se ha esforzado por el fortalecimiento de la justicia y que debe preservar su imagen de respeto a la constitución de la República.
