SANTO DOMINGO.- Un abogado que representa a víctimas de la tragedia del Jet Set afirmó este viernes que el Ministerio Público realizó una excelente investigación, pero se equivocó al establecer la calificación jurídica de los hechos, luego de que el juez Franny González acogiera la solicitud de variar los cargos contra Antonio y Maribel Espaillat a homicidio voluntario y golpes y heridas voluntarios, sustentados en dolo eventual.
Tribunal acoge dolo eventual
El jurista explicó que desde el inicio del proceso sostuvo, junto a otros colegas, que el caso no debía tratarse como homicidio involuntario, sino como homicidio voluntario por la concurrencia del dolo eventual, tesis que finalmente fue acogida por el tribunal.
“Creemos que el Ministerio Público hizo una excelente investigación, pero se equivocó, como lo demostramos hoy en el tribunal, en la etiqueta que le dio de la calificación jurídica”, expresó.
Penas más altas por nueva calificación
El abogado indicó que la nueva calificación contempla penas de hasta 20 años de prisión, a diferencia de los dos años que mencionó al referirse a la calificación anterior.
Aclaró que la intención de las víctimas no es procurar venganza, sino que exista proporcionalidad entre la gravedad de los hechos y la respuesta judicial.
Asimismo, calificó la decisión como un precedente histórico para el sistema de justicia dominicano y sostuvo que el tribunal ofreció una cátedra de derecho al fundamentar su decisión en el derecho y la jurisprudencia.
El jurista afirmó que la decisión representa una victoria para las víctimas y sus familiares, en memoria de las 236 personas fallecidas y los cientos de heridos que dejó el desplome del techo de la discoteca el 8 de abril de 2025.
En cuanto a la representación legal, informó que su equipo representa al menos a 12 familias dentro del proceso y aseguró que entre 300 y 400 personas continúan como querellantes, al rechazar las afirmaciones de que la mayoría habría desistido de sus reclamaciones.
Tras la variación de la calificación jurídica, el caso será remitido a un tribunal colegiado del Distrito Nacional, debido a que la pena correspondiente a los nuevos cargos supera la competencia del tribunal que conocía el juicio.
El proceso deberá comenzar desde cero ante un nuevo tribunal, que será seleccionado mediante sorteo.
