La fuga de capital es uno de los fenómenos más corrosivos para la estabilidad económica de un país. No se trata únicamente de un traslado de recursos financieros hacia el exterior; es, en esencia, un voto de desconfianza contra las instituciones nacionales. Cuando los inversionistas perciben que mantener sus ahorros en moneda local no les garantiza seguridad ni rentabilidad, buscan refugio en divisas más fuertes, como el dólar estadounidense, y en sistemas financieros que ofrecen mejores condiciones.
En el caso dominicano, el problema se agudiza por la brecha entre las tasas pasivas que ofrece la banca local y las que se encuentran en mercados internacionales. Los certificados de depósito (CD) en pesos, aun cuando rondan entre un 8% y un 9% anual, se ven opacados por el atractivo de los instrumentos en dólares. En Estados Unidos, un APY de 4.25% puede parecer menor en términos absolutos, pero al convertirlo y proyectarlo en pesos, el rendimiento efectivo supera el 20% anual. El inversionista racional, al comparar ambas opciones, concluye que dolarizar sus ahorros es más rentable y menos riesgoso.
Este diferencial de tasas no es un asunto menor. La banca dominicana enfrenta un dilema: si no ajusta las tasas pasivas en pesos, los depositantes migrarán hacia dólares, provocando una salida masiva de capital. Esa fuga no solo debilita la moneda local, sino que también erosiona la base de depósitos que sostiene el crédito interno. El resultado es un encarecimiento del financiamiento para empresas y familias, acompañado de una reducción en la inversión productiva.
Desde el punto de vista jurídico‑económico, la situación plantea interrogantes sobre la responsabilidad institucional. ¿Puede un sistema bancario que mantiene tasas pasivas artificialmente bajas cumplir con su función de proteger el ahorro nacional? ¿No se convierte, en la práctica, en un mecanismo que incentiva la desconfianza y la dolarización? La respuesta es clara: la omisión de ajustar las tasas pasivas constituye una negligencia que compromete la estabilidad financiera y la soberanía monetaria.
La fuga de capital, además, tiene un efecto multiplicador en la balanza de pagos. Al aumentar la demanda de dólares, el peso se devalúa, lo que encarece las importaciones y presiona la inflación. El Estado, por su parte, se ve obligado a recurrir a reservas internacionales para contener la volatilidad, reduciendo su margen de maniobra en política económica. En este escenario, la banca se convierte en un actor pasivo que, por no elevar las tasas de los CD en pesos, facilita la salida de recursos y agrava la vulnerabilidad del país.
Históricamente, las naciones que han ignorado este fenómeno han terminado enfrentando crisis silenciosas que luego estallan en forma de colapsos cambiarios o bancarios. La República Dominicana no está exenta de ese riesgo. La lección es evidente: la confianza en la moneda local no se decreta, se construye con políticas coherentes y con un sistema financiero que compita en condiciones reales con los mercados internacionales.
El ejemplo está, el dólar cada dia se está subiendo. Si la banca dominicana persiste en mantener tasas pasivas rezagadas, abrirá la puerta a una fuga de capital irreversible. La desconfianza se convertirá en motor de inestabilidad, y el país quedará atrapado en un círculo vicioso de devaluación, inflación y pérdida de soberanía económica.
