EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exsenador Héctor Rodríguez Pimentel, reclamó una política arrocera con presupuesto, metas verificables y rendición de cuentas para enfrentar la apertura comercial y proteger el sustento de miles de familias rurales.
Advirtió que República Dominicana conocía desde hacía años el calendario de desgravación del DR-CAFTA, que culminó para el arroz en 2025, pero llegó a esa fecha sin completar la transformación productiva necesaria.
“La apertura no llegó por sorpresa. Tuvimos tiempo para modernizar la producción, mejorar los rendimientos y reducir los costos. El arroz dominicano está pagando el precio de llegar tarde”, expresó.
Rodríguez Pimentel señaló que la responsabilidad corresponde a varios gobiernos y sostuvo que la derogación del Decreto 693-24 evidencia los límites de intentar resolver mediante disposiciones arancelarias un problema que exige inversión y planificación.
Como referencia, destacó que Panamá aprobó en 2018 una ley que declaró el arroz cultivo de seguridad alimentaria nacional y estableció asistencia técnica, crédito e incentivos. También recordó que ese país ha utilizado mecanismos de su tratado comercial con Estados Unidos para investigar y aplicar, cuando corresponde, salvaguardas agrícolas.
“Panamá adoptó medidas mientras nosotros dejamos correr el calendario sin completar la preparación que necesitaba el campo”, afirmó.
El exsenador pidió esclarecer la denuncia de FENARROZ sobre el ingreso de unas 220,000 toneladas métricas de arroz durante 2025 y publicar los permisos, las evaluaciones de desabastecimiento y los inventarios que sustentaron esas importaciones.
“Cada autorización extraordinaria debe explicar cuánto arroz falta y por qué es necesario importarlo. El país merece transparencia y el productor necesita reglas claras”, manifestó.
También llamó a considerar el respaldo estatal que reciben los agricultores estadounidenses. Citó el programa Farmer Bridge Assistance, que fijó para el arroz una ayuda extraordinaria de US$132.89 por acre sembrado en 2025, equivalente a aproximadamente US$328 por hectárea.
Precisó que esos pagos apoyan a los productores y que, por sí solos, no demuestran subsidios a la exportación, aunque revelan diferencias en las condiciones económicas de competencia.
Rodríguez Pimentel propuso facilitar semillas certificadas, maquinaria, riego eficiente y financiamiento antes de la siembra, junto con medidas para reducir las pérdidas y elevar la productividad.
Asimismo, planteó evaluar las vías de defensa comercial jurídicamente disponibles y negociar con Estados Unidos cooperación para la transición productiva, respetando los compromisos del país.
“La diferencia entre quebrar y sobrevivir dependerá de que el crédito llegue antes de sembrar, la tecnología llegue a la parcela y los recursos públicos fortalezcan al productor. Todavía podemos actuar, pero ya no tenemos tiempo para seguir posponiéndolo”, concluyó.
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