La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) solicitó una intervención internacional urgente ante el alarmante incremento de muertes registradas durante operativos de la Policía Nacional en la República Dominicana, las cuales considera que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
A través de una denuncia formal remitida a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), la entidad que en el país dirige Manuel María Mercedes alertó que en lo que va del año 2026 se han contabilizado aproximadamente 205 fallecimientos atribuidos a los “excesos” de los cuerpos de seguridad del Estado.
Subraya que el 98 % de las víctimas corresponde a jóvenes de entre 18 y 35 años, citando además investigaciones que revelan más de 182 decesos en intervenciones policiales hasta finales del pasado septiembre.
En el documento, con fecha 2 de octubre, la CNDH-RD cuestiona el uso sistemático del término “intercambio de disparos” en los informes oficiales emitidos por las autoridades. Según la organización, existen testimonios de familiares, declaraciones de testigos y materiales audiovisuales en varios casos que contradicen la versión oficial ofrecida a la opinión pública.
Si bien la entidad de Derechos Humanos aclaró que no sostiene que la totalidad de los casos correspondan a ejecuciones arbitrarias, insistió en la necesidad imperiosa de que “cada hecho sea investigado de forma imparcial, transparente y con sustento científico” para determinar la legitimidad del uso de la fuerza real.
Entre las muertes documentadas por la CNDH-RD a partir de denuncias familiares figuran las de los jóvenes Ramseli Junior García (5), Víctor Alfonso Paredes (24), José Alfredo Santana de los Santos (30), Julio Alberto Gómez (28), Luis Miguel Jiménez (25), Ambiorky Fabián Almonte (20), Wender Alcántara (El Compa) (19), Darlin Enmanuel Mercado Reyes (19) y el menor Jerson Junior Lapaix Rodríguez, de 16 años.
Asimismo, la entidad pidió que se analicen de manera conjunta con estas cifras las recientes declaraciones del presidente Luis Abinader y del director general de la Policía, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, referidas a la localización de personas con órdenes de arresto o reincidentes.
PLIEGO DE DEMANDAS
Para frenar esta situación, la organización de Derechos Humanos planteó un pliego de demandas puntuales: garantizar que las muertes en operativos sean indagadas por órganos externos a las instituciones policiales, aplicando el “Protocolo de Minnesota”.
Implementar cámaras corporales obligatorias en las actuaciones policiales y crear un registro nacional confiable de fallecidos en intervenciones; y separar temporalmente de sus funciones a los agentes involucrados mientras duren las investigaciones e identificar a todos los participantes en cada operativo.
Finalmente, la CNDH-RD anunció que se constituirá como actor civil ante los tribunales dominicanos para interponer querellas formales en los casos donde se identifiquen elementos de negligencia o violaciones graves a los derechos humanos, buscando garantizar la verdad, justicia y reparación para las familias afectadas.
