Santo Domingo. – El Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago condenó a 30 años de prisión a un cabo de la Armada Dominicana por el asesinato del médico perinatólogo Enrique Antonio Espinal Castillo, ocurrido en 2024.
El condenado es Víctor Manuel Saldaña Hernández, alias “Julio”, quien además deberá pagar RD$4 millones como indemnización civil, según la sentencia emitida de manera unánime por los jueces Rubén Darío Cruz Uceta, presidente; Rubén Rodríguez y Jasmín de los Santos.
Condena e indemnización del tribunal
La Fiscalía de Santiago estableció durante el proceso que Espinal Castillo salió de su residencia, ubicada en Villa Olga, y se trasladó hasta la comunidad Los Guandules, en Hato del Yaque, donde se encontró con Saldaña Hernández.
De acuerdo con la acusación, posteriormente el militar golpeó al médico en el rostro y el cráneo hasta causarle la muerte.
El cuerpo de Espinal Castillo fue localizado el 5 de agosto de 2024 en un terreno baldío de La Costa de Rafelito, en Sabana Grande de Palenque, San Cristóbal.
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Según las pruebas presentadas en el juicio, Saldaña Hernández trasladó el cadáver hasta esa zona, de donde era oriundo, utilizando el baúl de una Hyundai Tucson blanca, propiedad de la víctima.
Pruebas y recorrido del acusado
La investigación comenzó después de que se reportara la desaparición del médico. La Fiscalía de Santiago recopiló evidencias materiales, documentales, testimoniales y registros de cámaras que, según el expediente, permitieron vincular al militar con el caso.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó, entre otras pruebas, registros que permitieron reconstruir el recorrido realizado por el acusado desde Santiago hasta San Cristóbal.
Para establecer ese trayecto fueron utilizadas imágenes obtenidas a través del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
La acusación presentada por el Ministerio Público atribuyó a Saldaña Hernández la planificación y ejecución del asesinato y citó los artículos 379, 382, 295 y 304 del Código Penal.
Con la sentencia, el militar deberá cumplir los 30 años de prisión impuestos por el tribunal, además de la indemnización establecida en favor de los familiares de la víctima.
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