EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), encabezada por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, hizo un llamado a preservar el equilibrio irrestricto entre la firmeza requerida para enfrentar la delincuencia violenta y el respeto de las garantías del Estado de derecho.
Aquí el documento íntegro
La República Dominicana enfrenta desafíos significativos en materia de criminalidad violenta que demandan respuestas integrales y sostenidas por parte del Estado. Pero la respuesta estatal no puede reducirse a una sola dimensión. Se requiere una política integral de seguridad ciudadana que articule de forma coherente prevención, política social, abordaje de las condiciones subyacentes del delito, persecución, control y responsabilización frente al hecho ilícito. Una respuesta parcial resultará insuficiente para poder abordar las condiciones subyacentes del delito y asegurar a largo plazo la paz social.
Es necesario articular una política de seguridad ciudadana que atienda a las causas estructurales que favorecen la criminalidad, fortalecer las instituciones del sistema de justicia y asegurar que el Estado cuente con dispositivos coherentes de prevención, investigación, persecución y sanción. Se trata de una política pública de carácter multidimensional y no un asunto exclusivamente policial. Sin embargo, dentro de esa política, la actuación policial ocupa un lugar medular, pues la Policía constituye el primer órgano de intervención estatal ante la comisión de hechos punibles y situaciones que comprometen el orden y la seguridad pública.
Esa posición explica la importancia de contar con agentes entrenados para actuar de manera firme, preparada y decidida. La efectividad en la prevención y control del delito requiere una actuación oportuna, profesional y respaldada institucionalmente. La firmeza debe entenderse, no como un ejercicio de “mano dura” que pueda comprometer la legalidad de la intervención, sino como el ejercicio oportuno, eficiente y eficaz de las atribuciones conferidas por la ley para proteger a la ciudadanía y preservar el orden público
Por eso, resulta especialmente relevante avanzar en la transformación y modernización policial que impulsa el país. FINJUS respalda el fortalecimiento institucional de la Policía, la consolidación de procesos permanentes de formación técnica, profesional y ética, así como la construcción de un nuevo modelo de servicio policial orientado a la profesionalización, el fortalecimiento de la relación con la ciudadanía y la mejora continua de sus capacidades institucionales de uso proporcional de la fuerza. La legitimidad y sostenibilidad de ese proceso dependerán de su capacidad para conjugar eficacia en la prevención e investigación del delito con el respeto irrestricto de las garantías y límites que establecen la Constitución y la ley para proteger los derechos fundamentales.
El fortalecimiento de la función policial debe desarrollarse de manera consistente con los principios que rigen el ejercicio legítimo del poder público. La efectividad de las políticas de seguridad ciudadana exige instituciones policiales con capacidades operativas adecuadas, sujetas a mecanismos de control institucional y rendición de cuentas. Es así que la actuación policial debe enmarcarse en los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad, para preservar simultáneamente la seguridad ciudadana y las garantías propias del orden constitucional.
Las consecuencias de la inobservancia de estos principios son concretas al afectar la capacidad institucional para asegurar que el ejercicio de la fuerza pública se mantenga dentro de los parámetros de legalidad y proporcionalidad exigidos por el ordenamiento jurídico. Precisamente en los escenarios de intervención operativa es donde estos principios adquieren especial relevancia, pues las decisiones deben adoptarse de manera inmediata frente a situaciones que pueden comprometer la seguridad de las personas y el orden público.
El uso de la fuerza debe responder siempre a una evaluación objetiva de la amenaza existente y ser proporcional al hecho y la circunstancia concreta que motiva la intervención. Ello exige una adecuada diferenciación entre situaciones que representan un peligro real e inminente y aquellas en las que la amenaza ha cesado o no alcanza una intensidad que justifique el empleo de determinados niveles de fuerza, particularmente de fuerza letal. La proporcionalidad no es una fórmula abstracta: es el mandato de optimización que distingue la intervención legítima del abuso.
Los agentes de la Policía necesitan respaldo legal e institucional para cumplir su función, proteger a la ciudadanía y resguardar su propia integridad cuando enfrentan situaciones de riesgo real en el ejercicio de sus funciones. No obstante, el ejercicio de esas facultades debe desarrollarse siempre dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley, que constituyen el marco de legitimidad de toda actuación estatal.
Una ejecución extrajudicial, entendida como la privación de la vida de una persona en circunstancias no justificadas por las condiciones concretas de una intervención policial legítima, constituye una actuación incompatible con el artículo 37 de la Constitución. La autoridad del Estado encuentra su fundamento y sus límites en la observancia de la Constitución y las leyes. Cuando el ejercicio de la fuerza se aparta de esos parámetros, las consecuencias trascienden el caso particular, comprometen la legitimidad institucional, afectan la confianza ciudadana y erosionan la efectividad de las políticas de seguridad pública.
La ciudadanía puede valorar actuaciones firmes y enérgicas frente a la criminalidad siempre que se mantengan dentro de los márgenes establecidos por la Constitución y la ley; sin embargo, cuando esa actuación comienza a deslizarse por una pendiente resbaladiza de arbitrariedad y alcanza a personas respecto de las cuales no concurrían las condiciones que justificaban el empleo de la fuerza, se socava la confianza ciudadana. Las actuaciones que se apartan de los principios de necesidad, proporcionalidad y responsabilidad erosionan la legitimidad institucional sobre la que descansa toda respuesta eficaz y sostenible frente a la criminalidad.
De ahí que FINJUS siempre haya abogado por un equilibrio irrestricto entre la firmeza que exige el ejercicio de control de la delincuencia y el cumplimiento de las exigencias institucionales del Estado social y democrático de derecho. La efectividad de la acción policial no puede medirse únicamente por sus resultados operativos, sino también por su capacidad de preservar la legitimidad institucional, fortalecer la confianza ciudadana y actuar conforme a los principios que sustentan el ejercicio legítimo de la autoridad pública.
La efectividad de la actuación policial encuentra su mayor expresión cuando contribuye al funcionamiento adecuado del sistema de justicia y permite que la respuesta estatal frente al delito se materialice a través de los procedimientos y garantías establecidos por el ordenamiento jurídico. Ese resultado solo se preserva si la institución mantiene el control adecuado de sus actuaciones y la confianza de la comunidad, la cual se fortalece cuando la ciudadanía percibe que su Policía actúa con profesionalidad, dentro de los límites de la ley y con respeto a la dignidad de todas las personas.
Para FINJUS la seguridad ciudadana y proteger los derechos fundamentales no constituyen objetivos contrapuestos, sino condiciones complementarias para la consolidación de instituciones legítimas, eficaces y confiables. Preservar ese equilibrio resulta indispensable para fortalecer la capacidad de respuesta profesional del la Policía y la efectividad de las políticas públicas de seguridad. Sin embargo, no es posible garantizar el orden público al margen de las condiciones, garantías y límites establecidos por la Constitución y la ley.
Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente Ejecutivo
Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)
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