La Asociación de Productores y residentes del sector Pantoja-La Flores, junto a productores de Bonao, marcharon ayer hacia el Palacio Nacional en reclamo de soluciones a los conflictos relacionados con terrenos, desalojos y en demanda de la construcción de una escuela, situaciones que denunciaron, afecta a cientos de familias.
Alonzo Manuel Jiménez, presidente de la asociación que agrupa a los productores de Bonao, afirmó que alrededor de 80 viviendas fueron destruidas durante un desalojo ejecutado en Villa Solador, Bonao, conocido como La Colonia, y sostuvo que el procedimiento se realizó mientras los afectados mantenían abierto un proceso judicial, cuya audiencia está prevista para el próximo mes.
Explicó que los terrenos involucrados corresponden a las parcelas 15 y 12 y parte de sus ocupantes los adquirieron de personas que, de acuerdo con su versión, habían recibido esos asentamientos durante el gobierno de Joaquín Balaguer.
Jiménez cuestionó que posteriormente aparecieran personas con títulos de propiedad sobre los terrenos y que se ejecutara el desalojo mientras los productores permanecían en el lugar. También denunció presuntas actuaciones irregulares de personas que, según dijo, se presentaron como autoridades durante el operativo.
Relató que durante el desalojo fueron destruidas viviendas y otros bienes de los productores, mientras que los afectados, según afirmó, no recibieron respaldo de las autoridades locales.
Además, cuestionó la actuación de los agentes policiales durante el proceso y señaló al destacamento de Bonao, al alegar que algunos miembros de la Policía habrían respaldado a quienes ejecutaban el desalojo.
Reclaman escuela
En la manifestación, una comisión de moradores del sector Pantoja-La Floresta, representada por María Magdalena Rondón, también reclamó la construcción de una escuela y un liceo que, según explicó, llevan 14 años esperando.
Rondón señaló que los estudiantes de la zona carecen de espacios adecuados para la recreación y la práctica deportiva, por lo que algunos deben realizar el recreo y otras actividades en la calle.
También destacó las dificultades que enfrentan las familias para trasladar a los estudiantes hacia otros centros educativos, particularmente cuando deben cursar el nivel secundario.
Los manifestantes señalaron que han acudido en distintas ocasiones ante las autoridades en busca de respuestas, pero aseguraron que hasta el momento no han recibido una solución desde la Presidencia de la República.
Ambas comisiones estuvieron acompañadas por miembros de juntas de vecinos y representantes de los derechos humanos. Con pancartas y consignas, los manifestantes reclamaron atención a sus demandas y una respuesta de las autoridades frente a los conflictos de terrenos, los desalojos y las necesidades de infraestructura educativa.
