El Defensor del Pueblo plantea una política que conecte el control penitenciario, la prevención de conflictos, la investigación criminal y la justicia efectiva, con resultados medibles para las familias.
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– Pablo Ulloa propuso convertir el control efectivo de las cárceles en una prioridad de la política de seguridad ciudadana, a fin de impedir que personas bajo custodia estatal puedan dirigir delitos, ordenar amenazas o administrar redes de extorsión desde los centros de reclusión.
Las declaraciones del Defensor del Pueblo se produjeron en el marco de la Ruta por la Ciudadanía en Santiago de los Caballeros, donde la institución desarrolló la jornada «Código Penal para la Ciudadanía». Esta iniciativa forma parte de la estrategia territorial que impulsa el órgano constitucional para acercar a la población el conocimiento de sus derechos fundamentales y promover el debate sobre temas vinculados a la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana.
«La seguridad ciudadana debe empezar también en las cárceles. Una detención debe interrumpir la capacidad de dirigir operaciones criminales. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que sus recintos contribuyan a proteger a la sociedad y cumplan su finalidad constitucional», sostuvo Ulloa.
Según estadísticas oficiales con corte a febrero de 2026, el país registraba 25,878 personas privadas de libertad, de las cuales el 65.5% se encontraba bajo la condición de prisión preventiva. A esto se suma un hallazgo propio de la institución: un estudio impulsado por Ulloa sobre las condiciones de salud en los centros penitenciarios reveló que la mitad de la población reclusa con alguna afección médica no recibe la atención adecuada.
«Que cerca de dos de cada tres personas recluidas estén en condición preventiva, muchas sin la atención de salud que la ley les garantiza, exige revisar de forma urgente la duración de los procesos y las condiciones de custodia», expresó el funcionario.
Cuatro componentes de acción inmediata
Como medidas concretas para abordar la problemática, Ulloa propuso:
- Clasificación penitenciaria: Clasificar a los internos según su nivel de riesgo y situación procesal.
- Bloqueo de comunicaciones ilícitas: Impedir contactos telefónicos o digitales no autorizados, preservando estrictamente las comunicaciones legales.
- Profesionalización y control: Capacitar al personal penitenciario y establecer rigurosos controles de integridad sobre la administración de los recintos.
- Rastreo financiero: Investigar las conexiones financieras y las complicidades internas que permiten delinquir desde prisión. El Defensor del Pueblo anunció que dará seguimiento público al cumplimiento de estas medidas.
«La captura de una persona debe acompañarse de una investigación que alcance a quienes dan las órdenes, ejecutan los hechos y reciben el dinero. El control efectivo requiere inteligencia, supervisión y consecuencias severas para toda complicidad comprobada», afirmó.
Prevención frente a los conflictos sociales
Ulloa destacó que la intervención en los centros penitenciarios debe estar acompañada de una política de prevención que atienda directamente las causas de la violencia. En ese sentido, recordó que la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, informó que el 58.9% de los homicidios registrados en el país tiene su origen en conflictos sociales.
«Ese dato nos obliga a actuar antes de que una amenaza, una riña o una disputa termine en una tragedia. Necesitamos atención temprana y mecanismos eficientes de solución pacífica de conflictos», señaló.
Reinserción en lugar de solo castigo
El Defensor del Pueblo vinculó su propuesta con el artículo 40, numeral 16, de la Constitución de la República Dominicana, el cual orienta las penas privativas de libertad hacia la reeducación y la reinserción social, así como con la Ley 113-21 que regula el Sistema Penitenciario y Correccional del país. Bajo este marco legal, planteó ampliar los programas de educación, la atención en salud mental, el tratamiento de adicciones y la formación técnico-laboral dentro de las cárceles.
«La responsabilidad del Estado continúa durante el cumplimiento de la pena y debe preparar el regreso del interno a la comunidad. Reducir la tasa de reincidencia es una forma concreta de proteger vidas y evitar nuevas víctimas», puntualizó.
Finalmente, propuso que las políticas públicas de seguridad cuenten con responsables institucionales claros, presupuestos definidos, plazos de ejecución e indicadores públicos que midan la victimización, el esclarecimiento de delitos y los niveles de reincidencia.
Impacto de la Ruta por la Ciudadanía
Con la parada en Santiago, la Ruta por la Ciudadanía alcanza ocho provincias visitadas en aproximadamente un mes, tras haber recorrido de forma exitosa Dajabón, Nagua, San Francisco de Macorís, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Hato Mayor y San Cristóbal. La iniciativa continuará extendiéndose por el territorio nacional con la meta de cubrir toda la geografía dominicana, llevando espacios de diálogo, orientación y educación en derechos directamente a las comunidades.
