Santo Domingo.– El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó la cantidad de evidencias presentadas por el Ministerio Público durante la audiencia de solicitud de medidas de coerción contra los imputados de la Operación Cobra 2.0-A, y afirmó que al menos 13 de ellos admitieron los hechos ante el tribunal.
Camacho señaló que el Ministerio Público presentó 706 medios de prueba para sustentar su solicitud de medidas de coerción y sostuvo que las evidencias llevaron a varios de los imputados a reconocer los hechos que se les atribuyen.
“Hemos presentado la medida de coerción que ha traído el Ministerio Público; que terminada la presentación de la medida no solamente está sustentada en unos 706 medios de prueba que ha aportado el Ministerio Público, sino que, además, esas pruebas han llevado al menos a 13 de los imputados a admitir los hechos ante el tribunal”, dijo.
El procurador adjunto ofreció estas declaraciones a la salida de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde se conoció la solicitud de coerción y se fijó para el próximo domingo el fallo del juez Rigoberto Sena.
Ministerio Público pide prisión preventiva para varios imputados
Camacho encabezó el equipo litigante del Ministerio Público durante la audiencia, junto con la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); el procurador de corte Héctor García y los fiscales litigantes Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Emmanuel Ramírez y Yudelka Holguín.
El Ministerio Público mantiene la solicitud de 18 meses de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo contra Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, la médico gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo y los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
La misma solicitud se mantiene contra los médicos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Laura Altagracia Santana Evangelista, Wander Manuel Díaz Encarnación y Yocaira Antonia Méndez Beltré.
Nueve imputados cumplirían arresto domiciliario
Durante la audiencia, Camacho solicitó variar la prisión preventiva planteada inicialmente para nueve imputados y sustituirla por arresto domiciliario.
Se trata de Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Víctor Felipe Rodríguez García, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Según explicó Camacho, estos imputados admitieron los hechos que se les atribuyen y colaboran con la investigación del órgano persecutor.
“Una parte de los implicados han colaborado con la investigación del Ministerio Público y nosotros, siendo coherentes, como lo hemos hecho en todos los casos, en la medida en que las personas muestran primero arrepentimiento, admiten los hechos, pidiendo, incluso, excusa ante el tribunal, y aunque esto no es suficiente y el proceso sigue, sí el Ministerio Público solicitó al tribunal que se le imponga a estas personas, tomando en cuenta su colaboración, el arresto domiciliario”, declaró.
Camacho defiende la evidencia presentada
El titular de la Dirección General de Persecución insistió en que las pruebas entregadas al tribunal son suficientes, según su valoración, para sustentar las medidas de coerción solicitadas.
“Lo que sí puedo asegurar es que en este caso el Ministerio Público ha entregado al tribunal la evidencia suficiente para que se imponga la medida de coerción indicada por el Ministerio Público”, afirmó durante la réplica.
Camacho también cuestionó los argumentos de algunas defensas, al señalar que la presentación de documentos personales o académicos no necesariamente desvirtúa, según su posición, el peligro de fuga que debe valorar el tribunal.
Pepca sostiene que el caso afecta el derecho a la salud
De su lado, Mirna Ortiz sostuvo que el bien jurídico protegido en el proceso es el derecho a la salud, y rechazó los argumentos que, según dijo, pretenden reducir el caso a los montos económicos presuntamente recibidos por los imputados.
“Esto no se trata de los montos percibidos, porque el bien jurídico en este proceso no radica en cuánto recibió o dejó de recibir la persona, el bien jurídico protegido aquí es un derecho fundamental, que es el derecho a la salud”, expuso Ortiz.
La titular de la Pepca agregó que la audiencia corresponde a una etapa de medida de coerción y que la investigación permanece abierta.
Ortiz explicó que el Ministerio Público presentó ante el tribunal los elementos que considera necesarios para establecer la vinculación entre los hechos investigados y los imputados, así como para sustentar la necesidad de imponer medidas cautelares.
La fiscal también señaló que algunos de los montos investigados presuntamente fueron entregados en efectivo, por lo que, según indicó, no todos podrían ser rastreados mediante transacciones bancarias.
Fallo sobre las medidas de coerción será el domingo
El juez Rigoberto Sena se reservó el fallo sobre las medidas de coerción para el domingo 27 de septiembre, a las 7:00 de la noche.
El Ministerio Público también solicitó que el proceso sea declarado complejo, conforme a la normativa procesal vigente, argumentando la existencia de una pluralidad de hechos, víctimas y posibles implicados, así como elementos que, según la acusación, apuntan a delincuencia organizada.
Operación Cobra: el proceso por el caso Senasa
La Operación Cobra 2.0-A forma parte de una investigación más amplia relacionada con presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (Senasa.
En una primera etapa, denominada Operación Cobra, el Ministerio Público arrestó el año pasado a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, entonces director ejecutivo de SeNaSa y señalado por el órgano acusador como supuesto cabecilla del entramado investigado.
También fueron procesados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
El Ministerio Público sostiene que busca obtener sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos que, según su acusación, habrían sido sustraídos al Estado dominicano.
A los involucrados se les atribuyen, entre otros delitos, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Según el órgano acusador, durante la investigación se han obtenido evidencias que apuntan a presuntos sobornos, alteraciones de estados financieros y programas especiales que, de acuerdo con su versión, habrían sido utilizados para desviar fondos mediante maniobras fraudulentas.
Operación Onco14, otra línea de investigación
Como parte de las investigaciones relacionadas con el caso, el Ministerio Público también puso en marcha en junio la Operación Onco14, mediante la cual fueron arrestadas tres personas vinculadas, según la acusación, a una estructura que habría utilizado de manera fraudulenta al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para obtener beneficios económicos.
Los hechos investigados habrían afectado al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes con cáncer y al SeNaSa.
Por este caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez.
Según el Ministerio Público, Vargas Sánchez se divorció de Lora Cruceta en 2014 y posteriormente ocupó la vicepresidencia y funciones de auditora interna y externa del patronato que administra el IORC, durante el período en que Lora Cruceta presidía la organización.
Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez cumple arresto domiciliario.
