EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Pablo Ulloa propone convertir el control efectivo de las cárceles en una prioridad de la política de seguridad ciudadana, para impedir que personas bajo custodia estatal puedan dirigir delitos, ordenar amenazas o administrar redes de extorsión.
Las declaraciones del titular se produjeron en el marco de la Ruta por la Ciudadanía en Santiago de los Caballeros, donde el Defensor del Pueblo desarrolló la jornada “Código Penal para la Ciudadanía”, como parte de la estrategia territorial que impulsa la institución para acercar a la población el conocimiento de sus derechos y promover el debate sobre temas vinculados a la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana.
“La seguridad ciudadana debe empezar también en las cárceles. Una detención debe interrumpir la capacidad de dirigir operaciones criminales. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que sus recintos contribuyan a proteger a la sociedad y cumplan su finalidad constitucional”, sostiene.
Según estadísticas oficiales, con corte a febrero de 2026, el país registraba 25,878 personas privadas de libertad, de las cuales el 65.5 % se encontraba en prisión preventiva. A esto se suma un hallazgo propio: un estudio que Ulloa impulsó y presentó sobre las condiciones de salud en los centros penitenciarios encontró que la mitad de la población reclusa con problemas de salud no recibe atención adecuada.
“Que cerca de dos de cada tres personas recluidas estén en condición preventiva, muchas sin la atención de salud que la ley les garantiza, exige revisar la duración de los procesos y las condiciones de custodia”, expresa.
Cuatro componentes de acción
Como medidas concretas, propone clasificar a los internos según su riesgo y situación procesal; impedir las comunicaciones ilícitas, preservando los contactos legalmente autorizados; profesionalizar al personal y establecer controles de integridad sobre la administración de los recintos. También plantea investigar las conexiones financieras y las complicidades que permitan delinquir desde prisión, y anuncia que dará seguimiento público al cumplimiento de estas medidas.
“La captura de una persona debe acompañarse de una investigación que alcance a quienes dan las órdenes, ejecutan los hechos y reciben el dinero. El control efectivo requiere inteligencia, supervisión y consecuencias para toda complicidad comprobada”, afirma.
Ulloa destaca que esta intervención debe acompañarse de una política de prevención que atienda las causas de la violencia. Recuerda que, en su rendición de cuentas de marzo de 2026, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, informó que el 58.9 % de los homicidios registrados tenía su origen en conflictos sociales.
“Ese dato nos obliga a actuar antes de que una amenaza, una riña o una disputa termine en una muerte. Necesitamos atención temprana y mecanismos de solución pacífica”, señala.
Reinserción, no solo castigo
Ulloa vincula su propuesta con el artículo 40, numeral 16, de la Constitución, que orienta las penas privativas de libertad hacia la reeducación y reinserción social, y con la Ley 113-21, que regula el Sistema Penitenciario y Correccional de la República Dominicana. Plantea ampliar la educación, la atención de salud mental, el tratamiento de adicciones y la formación para el trabajo dentro de los centros.
“La responsabilidad del Estado continúa durante el cumplimiento de la pena y debe preparar el regreso a la comunidad. Reducir la reincidencia es una forma concreta de proteger vidas y evitar nuevas víctimas”, sostiene.
Finalmente, propone que las políticas de seguridad cuenten con responsables, presupuesto, plazos e indicadores públicos sobre victimización, esclarecimiento de delitos y reincidencia.
“Una cárcel que no se controla no castiga: sigue delinquiendo desde adentro. Un Estado que funciona para la gente previene la violencia, investiga con rigor y ejerce el control de sus cárceles dentro de la Constitución”, concluye.
Con Santiago, la Ruta por la Ciudadanía alcanza ocho provincias visitadas en aproximadamente un mes, luego de recorrer Dajabón, Nagua, San Francisco de Macorís, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Hato Mayor y San Cristóbal. La iniciativa continuará extendiéndose por el territorio nacional con la meta de cubrir todo el país antes de finalizar el año, llevando espacios de diálogo, orientación y educación en derechos directamente a las comunidades.
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