Celso Marranzini, presidente Junta Directiva de la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR) llamó al gobierno y al sector privado cumplir con la Ley 5-13 sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad que establece cuotas obligatorias de inclusión laboral: un 5 % para las instituciones públicas y un 2 % para las empresas del sector privado.
Deploró que personas que pasan por un largo proceso de rehabilitación luego no obtienen un empleo, representando una carga para sus familias.
Estimó que, en sentido general, no llega al 1% las personas con alguna limitación que estén laborando en ambos sectores.
“¿Qué hacemos nosotros con rehabilitar un paciente si después no encuentra un trabajo? Tenemos que devolver a la sociedad entes productivos que no sean una carga a su familia”, manifestó Marranzini.
Afirmó que, aunque han recibido cierto apoyo del Ministerio de Trabajo y el Consejo Nacional para la Discapacidad (Conadis), se requieren mayores esfuerzos al entender que algunas entidades no cumplen quizás por falta de información. Planteó la posibilidad de crear incentivos para aquellas empresas que cumplan con la cuota de inserción laboral.
“Creo eso es parte de nuestra labor de incentivar y el gobierno por supuesto a crear mecanismos donde puedan ir a trabajar, buscar algún mecanismo inteligente donde promovamos el empleo”, acotó Marranzini.
Otra necesidad de las personas con discapacidad que señaló es la falta de adaptación de los espacios porque muchos edificios no cuentan con ascensor o rampa. En ese punto, reconoció que algunas alcaldías, como la de la capital, han mejorado las aceras para el desplazamiento en sillas de rueda
Marranzini trató el tema durante el Almuerzo del Grupo Corripio donde estuvo acompañado de María Luisa Labernia, directora general de la ADR; Rosa Languasco, directora de Finanzas; Mairení Germán, de Servicios; Elías Veloz, de Planificación, y Jazmina Nolasco, de Facturación y Seguros.
Servicios
Los ejecutivos hablaron ampliamente del trabajo de Rehabilitación que en 62 años (1963-2025) ha ofertado un total de 26 millones de servicios facilitados a través de 35 centros en sus programas de educación especial, habilitación inclusiva y medicina física y rehabilitación.
Languasco explicó que el presupuesto anual es de 1,630 millones, de los cuales el 81% proviene de los servicios que oferta, un 10% la asignación estatal y el 9% se obtiene a través de captación de recursos y donaciones del sector privado. Del total de ingresos, el 66% corresponde a afiliados de la seguridad social.
Tienen una nómina a nivel nacional de 1,500 empleados, cuyo pago e representan el 62% de los ingresos y el restante 38% se va en adquisición de bienes y servicios.
Retos y recursos
Marranzini citó que entre los retos de la institución es ampliar la cantidad de centros para reducir el costo de transporte de los pacientes y de espera por citas que en algunas especialidades tardan meses.
Veloz informó que al presente mes de septiembre se habían programado más de dos millones de citas.
Marranzini también detalló que también tienen limitaciones por falta de fisiatras, ya que una sola universidad forma estos profesionales. Urgen 14 que se sumarían a los 68 que tienen en los centros.
Reconoció el apoyo de todos los gobiernos, pero precisó como entidad sin fines de lucro siempre tienen desafíos económicos. “El reto mayor nuestro no es solamente son los locales y la tecnología, el reto es la atención al paciente, un paciente tiene que salir atendido a la perfección”, apuntó Marranzini.
Recientemente la ADR inauguró un centro en Barahona y trabajan para abrir otros en Hato Mayor, en Guerra, Cotuí, en Sosúa, y Boca Chica con apoyo del gobierno y el sector privado.
Marranzini recordó que el proceso de rehabilitación requiere muchas visitas y si el paciente tiene que trasladarse desde sitios lejanos le resulta costosos, por eso el reto es ir creando centros en diferentes localidades.
Dijo que muchos de los pacientes no cuentan con recursos para pagar los servicios, por lo que son exonerados. A septiembre se registraron 4,195 servicios exentos y un costo de RD$3,197,746.
“La preocupación nuestra es que ningún dominicano se quede sin atención”, puntualizó.
