Santo Domingo.– Una mujer presentó una querella con constitución en actor civil ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, en la que denuncia el presunto uso de su identidad y la falsificación de su firma para tramitar ante el Seguro Nacional de Salud (Senasa) servicios médicos que, según afirma, nunca solicitó ni recibió.
De acuerdo con el documento, la querellante identificada como María de los Milagros Flores Ovando sostiene que sus derechos a la identidad, privacidad, protección de sus datos de salud y seguridad jurídica habrían sido vulnerados mediante una estructura que, según la denuncia, habría utilizado información de su afiliación para gestionar autorizaciones y reclamaciones médicas a su nombre.
Peritaje del INACIF sobre las firmas
La querella señala que el 17 de septiembre de 2025, la analista forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), Yelida M. Valdez López, realizó un análisis grafo-técnico a documentos remitidos por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), con el propósito de determinar la autenticidad de firmas atribuidas a Flores Ovando.
Entre los documentos examinados figura un formulario de reclamación de Senasa, fechado el 30 de julio de 2024, correspondiente a una supuesta resección de granuloma vulvo-perineal por un monto de RD$11,664, así como otro documento del 31 de julio de ese mismo año por RD$500.
Ambos aparecen asociados al código de Prestador de Servicios de Salud (PSS) 87688 y a la doctora Griselda Altagracia Basora Ramírez.
También fue incluido un formulario de reclamación fechado el 31 de enero de 2025, por RD$462.30, correspondiente a una supuesta atención de emergencia o urgencia en el Hospital Municipal de Mata Hambre.
La querella sostiene que Flores Ovando no solicitó ni recibió los procedimientos que aparecen registrados a su nombre y que, presuntamente, se habrían realizado llamadas al centro de atención de SeNaSa para gestionar autorizaciones relacionadas con servicios médicos que la afiliada asegura desconocer.
El documento también señala a varios de los involucrados, entre ellos la doctora Griselda Altagracia Basora Ramírez, el Centro Médico Universal, Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez, Ángel Luis Guzmán Vásquez, el doctor José Luis Díaz Hernández y el doctor Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, entre otros.
«Los doctores José Luis Díaz Hernández y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo habrían completado y sellado formularios oficiales de reclamación en los que aparece la firma de la querellante. El documento sostiene que el análisis grafo-técnico realizado por el INACIF identificó la falsificación de dicha firma», según la querella.
La denunciante también atribuye a la supuesta estructura el acceso no autorizado a información contenida en los sistemas de Senasa, incluyendo datos personales y de afiliación, que habrían sido utilizados para realizar las gestiones médicas cuestionadas.
Pagos reclamados y medidas solicitadas
Asimismo, la querella plantea que, luego de que Senasa realizara pagos por los servicios señalados como ficticios, presuntamente entre un 40 % y un 60 % de los montos cobrados habría sido devuelto a organizadores mediante transferencias bancarias o depósitos a terceros. El documento sitúa el monto global señalado en más de RD$41.1 millones.
Flores Ovando solicita a las autoridades que se admita su querella, se profundice la investigación contra las personas señaladas y se impongan medidas de coerción, incluida prisión preventiva, así como medidas reales sobre los bienes de los investigados.
Además, solicita que el proceso avance hasta la acusación y apertura a juicio y, en sus conclusiones, pide que los señalados sean declarados responsables de los hechos que les atribuye y que se les imponga una sanción de 20 años de trabajos públicos.
En el ámbito civil, la querellante reclama una indemnización de RD$20 millones por los daños y perjuicios que, según sostiene, le habrían ocasionado los hechos denunciados.
La querella fue depositada en Santo Domingo el 21 de septiembre de 2026 y deja constancia de que la querellante se reserva el derecho de dirigir acciones contra otras personas que puedan ser identificadas durante el desarrollo de la investigación.
