Los implicados en la Operación Cobra 2.0-A llegaron este lunes a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, ubicada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde está previsto el conocimiento de la medida de coerción en su contra.
Por este caso, el Ministerio Público mantiene 25 imputados, entre ellos médicos y exempleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa), a quienes atribuye su presunta participación en un esquema para sustraer recursos públicos de la aseguradora estatal.
El grupo, para el cual la Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva, llegó a la sala de audiencia escoltado por un amplio dispositivo de seguridad, esposado y con los rostros semicubiertos.
Entre los imputados figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez, así como los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
Igualmente, figuran los médicos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
La solicitud de medida de coerción fue presentada la noche del sábado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.
La operación da continuidad a la Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público investiga un supuesto esquema de corrupción administrativa en SeNaSa.
Entre los principales procesados figura el exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Hazim, quien cumple prisión preventiva por 18 meses junto con otros imputados.
La Fiscalía atribuye a los investigados delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y lavado de activos.
El Ministerio Público sostiene que el supuesto entramado habría utilizado diversas maniobras para desviar recursos de SeNaSa, incluyendo presuntos sobornos, alteración de estados financieros y programas sin sustento jurídico.
Como parte de las investigaciones relacionadas, la Fiscalía también ejecutó en junio la Operación Onco14, por un supuesto fraude que habría afectado al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, el Instituto Oncológico Regional del Cibao y SeNaSa. Tres personas fueron arrestadas en ese caso, declarado complejo.
Las acusaciones forman parte de procesos judiciales en curso y deberán ser determinadas por los tribunales.
