El ginecólogo Stiven Rabassa, cuyo domicilio fue allanado en San Pedro de Macorís como parte de las investigaciones de “Senasa 2.0”, en el marco de la Operación Cobra, fue dejado en libertad la noche del viernes.
Tras su salida, Rabassa afirmó que no tiene relación con el caso y aseguró que ni siquiera utiliza seguros médicos debido al tipo de servicios que ofrece como especialista en reproducción humana asistida.
“Se me dijo que era parte de una investigación del caso Senasa, un caso que yo no estoy familiarizado ni tampoco tengo nada que ver, pero se hizo un debido proceso de investigación y gracias a Dios se me dio mi libertad pura y simple”.
“Yo hago reproducción humana asistida y los médicos de reproducción humana asistida no utilizamos seguros médicos”, indicó.
Así fue el allanamiento, según el médico
Rabassa relató que durante el allanamiento le entregaron una documentación, le leyeron sus derechos y posteriormente fue esposado, mientras los agentes procedían a registrar toda la vivienda.
“Comenzaron a allanar toda la casa, no encontrando absolutamente nada, porque no estoy vinculado, gracias a Dios”, subrayó.
El galeno indicó que recibió un trato respetuoso durante el proceso, aunque reconoció que la situación le afectó.
“Muy sentido, porque un médico, como todos los que están ahí, los médicos lo que hacemos es salvar vida”.
Asimismo, señaló que desde que inició sus estudios de medicina se ha dedicado a estudiar y trabajar por su familia.
Sobre la Operación Cobra
El Ministerio Público confirmó que los allanamientos ejecutados la mañana de este viernes en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega forman parte de la puesta en marcha de la Operación Cobra 2.0-A.
De acuerdo con el Ministerio Público, los operativos tienen como propósito procesar a un supuesto entramado integrado por exempleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa), médicos y otras personas que, según la acusación de las autoridades, se dedicaban a estafar al Estado mediante un fraude contra la administradora de riesgos de salud (ARS) pública.
Según afirmó el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, durante los operativos fueron arrestadas al menos 28 personas y se ocuparon bienes, dinero en efectivo, vehículos y armas de fuego.
En la operación participan equipos de fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), bajo la dirección de la procuradora de corte Mirna Ortiz, así como de otras unidades del Ministerio Público.
