Santo Domingo.- Una investigación delMinisterio Público sobre un presunto esquema de fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa) identificó 4,363 autorizaciones médicas presuntamente fraudulentas, por un monto acumulado de RD$41,125,551.02, según una orden judicial que autorizó allanamientos en 37 ubicaciones vinculadas a médicos, exempleados y otras personas investigadas.
El documento señala que las autorizaciones correspondían a cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas solicitadas entre enero de 2021 y febrero de 2025, utilizando datos reales de afiliados que, según la investigación, no solicitaron ni recibieron esos servicios.
- La investigación contabiliza 4,363 autorizaciones por más de RD$41.1 millones.
- La orden permite allanamientos en 37 ubicaciones y el secuestro de documentos, dinero y equipos electrónicos.
La orden, emitida el 15 de septiembre por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, acogió una solicitud presentada por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz.
Afiliados negaron haber recibido los servicios
De acuerdo con el expediente, el Ministerio Público entrevistó a afiliados cuyos datos habrían sido utilizados para solicitar autorizaciones, facturar procedimientos y obtener pagos. Estas personas aseguraron que no recibieron los servicios médicos y que tampoco reconocían como suyas las firmas colocadas en los documentos de reclamación.
La investigación sostiene que el mecanismo incluía el acceso a información confidencial de los asegurados, la elaboración de formularios con diagnósticos y procedimientos que no se habían realizado y la falsificación de firmas para dar apariencia de legalidad a las reclamaciones.
El expediente identifica a Ángel Luis Guzmán Vásquez, exempleado del Departamento de Autorizaciones Médicas de SeNaSa, como uno de los principales investigados. Según la acusación preliminar, habría aprovechado su conocimiento de los protocolos internos para gestionar autorizaciones utilizando datos de afiliados y códigos de prestadores médicos.
La orden también menciona como investigados a varios profesionales de la salud, entre ellos Adriano Hernández López, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Rafael Mauricio Cabral González, Einstein Rafael Borrome Valdez, Wellington Arístides Ledesma Cáceres, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Steven Alexander Rabassa Fernández y Eulalia Fiordaliza Castro López.
Peritajes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinaron, en varios formularios analizados, que las firmas atribuidas a afiliados no se correspondían con sus firmas reales, según consta en la resolución.
Investigación rastrea transferencias y reparto de fondos
El Ministerio Público sostiene que, después de recibir los pagos de SeNaSa, algunos de los médicos investigados habrían entregado entre 40 % y 60 % de los montos cobrados a otros integrantes del supuesto entramado, mediante efectivo o transferencias bancarias.
Entre los movimientos analizados figura una cuenta atribuida a Guzmán Vásquez que recibió RD$27.3 millones en transferencias entre 2020 y 2025, de acuerdo con el análisis financiero citado en el expediente.
La investigación comenzó luego de una denuncia presentada por SeNaSa el 28 de noviembre de 2024, tras detectar irregularidades en autorizaciones de procedimientos médicos y consultas. Inicialmente, la institución reportó operaciones sospechosas por unos RD$40 millones.
La orden judicial autoriza allanamientos en inmuebles vinculados a los investigados, así como el secuestro de teléfonos, equipos electrónicos, documentos físicos y digitales, facturas, expedientes, dinero en efectivo y otras evidencias relacionadas con el proceso.
También permite la extracción y análisis de información almacenada en los dispositivos ocupados. La autorización judicial tiene un plazo de ejecución de 15 días a partir de su emisión.
«Las personas señaladas en la resolución mantienen la condición de investigados o imputados, según corresponda, y los hechos descritos forman parte de una investigación en curso que deberá ser conocida por los tribunales».
