EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Observatorio de Áreas Protegidas alertó este miércoles sobre una emergencia ambiental provocada por la frecuencia, extensión y recurrencia de los incendios forestales registrados esta temporada, que según sus estimaciones han afectado o alcanzado más de 150 kilómetros cuadrados de superficie forestal en distintas zonas del país.
La entidad emitió la alerta a propósito de un nuevo incendio registrado en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, próximo al Hoyo de Pelempito, donde las llamas afectan una zona de bosque denso de pino criollo, dentro de la Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo. El fuego se suma a otros siniestros registrados durante la temporada en este territorio, sometido a una presión recurrente.
De acuerdo con las estimaciones citadas por el Observatorio, entre el 20 de junio y los primeros días de julio dos grandes incendios afectaron más de 100 kilómetros cuadrados en la Sierra de Bahoruco. En Valle Nuevo, se reportaron afectaciones previas superiores a 50 kilómetros cuadrados, además de más de 30 kilómetros cuadrados afectados en al menos tres incendios registrados durante las últimas semanas.
También figuran entre las áreas protegidas afectadas Jaragua y La Humeadora. La entidad señaló que es necesario realizar una delimitación técnica de cada incendio para determinar la superficie efectivamente quemada, identificar los terrenos afectados en más de una ocasión y evitar duplicidades al establecer la magnitud real de los daños.
El Observatorio indicó que predominan los incendios de origen humano, tanto deliberados como derivados de negligencia, por lo que reclamó investigaciones sobre posibles vínculos con actividades agrícolas, ganaderas y de cacería ilegales dentro de áreas protegidas, así como con las operaciones de redes de tráfico ilícito de personas por zonas montañosas. Precisó que las causas y responsabilidades deben determinarse en cada caso mediante pruebas e investigaciones rigurosas.
“Estamos ante una temporada despiadada contra nuestros bosques. Aunque el fuego forma parte de la dinámica natural de algunos ecosistemas, su repetición e intensidad están comprometiendo los procesos de regeneración. Se destruyen hábitats, se amenazan especies endémicas y se degradan los suelos y las fuentes de agua de las que dependen comunidades enteras”, expresó la entidad.
El organismo explicó que la recurrencia de incendios en áreas que todavía se encuentran en recuperación puede interrumpir la regeneración del bosque. Cuando las llamas regresan antes de que los pinos jóvenes alcancen la madurez reproductiva, disminuyen las posibilidades de reemplazar los árboles perdidos, lo que favorece la erosión y la pérdida de cobertura forestal y puede provocar una transformación duradera del ecosistema.
Asimismo, reconoció la labor de los bomberos forestales, guardaparques, brigadistas, comunitarios y organismos de apoyo que intervienen en el combate de los incendios bajo condiciones difíciles. Sin embargo, sostuvo que su trabajo no debe sustituir las acciones de prevención, vigilancia y aplicación de la ley, y planteó la necesidad de garantizarles equipos adecuados, coordinación y recursos suficientes.
Entre las medidas reclamadas por el Observatorio está investigar el origen de los incendios y perseguir a los responsables cuando existan pruebas, incluyendo a quienes los ejecuten, ordenen o financien. La entidad señaló que el Decreto 615-26 refuerza la prioridad de prevenir e investigar las agresiones al patrimonio ambiental, pero consideró necesario acompañar su aplicación con el cumplimiento de la legislación vigente y el debido proceso.
También pidió reforzar la vigilancia y la respuesta temprana mediante la integración de monitoreo satelital, patrullaje terrestre y coordinación comunitaria en las zonas con mayor recurrencia de incendios, además de disponer del personal, equipos y recursos necesarios para actuar antes de que las llamas se propaguen.
El organismo planteó además evaluar científicamente los daños y orientar la recuperación de las áreas afectadas, mediante la delimitación de las superficies quemadas y estudios sobre el impacto en los suelos, el agua y la biodiversidad, con seguimiento a largo plazo, especialmente en los bosques que han sufrido incendios repetidos.
Asimismo, reclamó fortalecer los controles sobre el uso del fuego y las actividades ilegales, particularmente las quemas agrícolas y ganaderas durante los períodos críticos, acompañadas de educación, asistencia técnica y sanciones. En las áreas protegidas, pidió hacer cumplir las restricciones establecidas y detener las ocupaciones y prácticas incompatibles con su conservación.
El Observatorio de Áreas Protegidas sostuvo que los incendios forestales no deben ser tratados como hechos aislados, debido a que su frecuencia, extensión y recurrencia requieren una política sostenida de prevención y protección, con responsabilidades institucionales claras y resultados verificables.
Advirtió que la pérdida o degradación de cada kilómetro cuadrado de bosque afecta la regulación del agua, reduce la biodiversidad y debilita la capacidad del territorio para enfrentar los extremos climáticos, por lo que los efectos ambientales pueden permanecer incluso después de que las llamas hayan sido controladas.
La entidad reiteró que la protección de las áreas protegidas constituye una obligación legal y ambiental del Estado y de la sociedad dominicana, y llamó a medir la respuesta frente a los incendios en función de la preservación de los bosques, la protección de las comunidades y el sometimiento a la justicia de quienes resulten responsables conforme a las investigaciones.
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