Quito.- Un informe elaborado por siete organizaciones internacionales denuncia el avance de la represión, la militarización y el avance del extractivismo en Ecuador, así como un «deterioro acelerado» de las condiciones para defender los derechos humanos y de la naturaleza.
El documento, titulado ‘Ataques y criminalización contra la sociedad civil en un contexto de militarización y extractivismo en Ecuador‘ y presentado este jueves en una rueda de prensa en Quito, fue elaborado tras una misión internacional de observación realizada en marzo de este año.
Durante la visita, sus integrantes se reunieron con comunidades indígenas y campesinas de varias zonas del país, como la provincia andina de Imbabura, además de defensores de derechos humanos y autoridades públicas.
Lo que observamos nos alertó profundamente. Esto requiere atención inmediata. Los hallazgos no son casos aislados, son tendencias preocupantes», detalló durante la rueda de prensa Natalia Yaya, de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).
El enfoque de seguridad militarista actual, lejos de resolver los problemas del país, está generando nuevas violaciones de derechos humanos. Si no se toman medidas urgentes, Ecuador podría encaminarse a una situación en la que las libertades fundamentales y el estado de derecho se vean profundamente comprometidas», continuó.
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Por su parte, la secretaria general de la misma organización, Soraya Gutiérrez, criticó el uso de los estados de excepción como política habitual.
Las medidas excepcionales no pueden convertirse en la nueva normalidad y los conflictos socioambientales no pueden resolverse con la militarización de los territorios», señaló.
El documento también identificó patrones de represión y criminalización durante las protestas indígenas de 2025, en el marco de un «paro nacional» convocado por el movimiento indígena para rechazar la eliminación del subsidio al diésel decretada por el presidente Daniel Noboa.
Durante las protestas fallecieron tres personas y se registraron más de 400 heridos.
Esto evidencia, según el informe, una «falta de Estado» ya que este «incumple los estándares en torno al uso de la fuerza en contextos de protesta».
En cuanto al extractivismo, el informe concluyó que la expansión de estas actividades ha debilitado las garantías de participación y el derecho de las comunidades a decidir de manera libre e informada sobre sus territorios, además de afectar sus formas de vida.
«Ecuador reconoce los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas, pero son derechos tensionados», detalló durante la rueda de prensa Carla Moscoso, de Coalición para la Solidaridad Internacional 11.11.11.
Por ello, instaron al Gobierno de Ecuador a abandonar el enfoque militarizado de la seguridad pública, poner fin a la criminalización de manifestantes, garantizar la independencia judicial y respetar a las comunidades afectadas por proyectos extractivos.
Las organizaciones que participaron en la elaboración del informe fueron Civicus, Front Line Defenders, Brigadas Internacionales de Paz, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), el Movimiento Mundial por los Bosques tropicales, 11.11.11 y la Asociación de Abogadas, Abogados, Jueces y Fiscales de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe. EFE
