La reciente escalada en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, con el título a 30 años alcanzando 5.34%, su nivel más alto en 18 años, no es un episodio aislado ni un simple reflejo de presiones inflacionarias. Es la manifestación más visible de un fenómeno que está reconfigurando los mercados financieros internacionales: la dominancia fiscal.
Este concepto describe el momento en que la política fiscal termina imponiéndose sobre la política monetaria, desplazando a la Reserva Federal (FED) como principal ancla de las expectativas. Hoy, la trayectoria del déficit y la deuda estadounidense está condicionando el comportamiento del tramo largo de la curva, independientemente de las decisiones de corto plazo de la FED.
Estados Unidos opera con un déficit fiscal superior al 6% del PIB, incluso en un período sin recesión. Es un déficit estructural, no cíclico. La deuda federal supera los US$40 trillones y la necesidad de financiamiento obliga al Tesoro a emitir volúmenes crecientes de deuda a largo plazo.
Pero esta vez, la demanda estructural por esos bonos es menor: la FED no está comprando, los bancos están saturados, los inversionistas extranjeros son más cautelosos y los fondos privados exigen una mayor compensación por el riesgo fiscal.
El resultado es mecánico: más oferta de bonos largos, menor demanda y mayor percepción de riesgo. La consecuencia es un aumento en los rendimientos del tramo de 10 a 30 años.
La FED se reúne este mes y la discusión es si aumentará la tasa de los fondos federales en 25 puntos básicos o si pospondrá la decisión para la reunión de diciembre.
Sin embargo, lo más relevante es que la FED ha perdido capacidad de influir sobre el tramo largo. Los rendimientos a 10 y 30 años ya no responden exclusivamente a la política monetaria, sino también a la presión fiscal. Esto es dominancia fiscal en su forma más clara.
Ante la volatilidad y el deterioro de la liquidez en los bonos largos, el Tesoro realizó una recompra de US$4,000 millones en títulos de largo plazo. La medida buscó aliviar tensiones, mejorar la liquidez y contener movimientos excesivos en los rendimientos. La intervención tuvo un efecto inmediato, moderando temporalmente la subida. Pero su alcance es limitado.
No reduce el déficit. No cambia la trayectoria de la deuda. No elimina la necesidad estructural de emitir más bonos largos. Por eso, aunque la intervención es relevante como señal, no altera la tendencia de fondo: los rendimientos largos seguirán altos mientras el déficit y la deuda continúen creciendo.
Mayores tasas de interés de los bonos del Tesoro a 10-30 años afectan los créditos hipotecarios, de consumo y las tarjetas de crédito en Estados Unidos, y se transmiten globalmente. Los bonos franceses (OAT) y británicos (Gilts) han replicado la tendencia alcista. Para evitar una fuga de capitales hacia Estados Unidos, deben ajustar sus rendimientos al alza. El costo del financiamiento europeo aumenta, incluso sin cambios del BCE o del Banco de Inglaterra.
Los países emergentes emisores de deuda soberana, como la República Dominicana, sufrirán un aumento en el costo de financiarse en los mercados internacionales. Las condiciones de acceso dependerán de la disciplina fiscal interna y de la credibilidad macroeconómica. Además, las tasas internas deberán ser atractivas para evitar fuga de capitales o una caída en la inversión extranjera de cartera.
Estamos entrando en una etapa donde la política fiscal estadounidense actúa como un “impuesto global” sobre las tasas de interés, afectando a países grandes y pequeños, desarrollados y emergentes, emisores y receptores de capital.
Se trata de un nuevo orden financiero mundial.
