EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en primera lectura un proyecto de ley que busca fortalecer la protección fitosanitaria en la República Dominicana, mediante mayores controles para evitar la entrada, propagación y comercialización de plagas que puedan afectar los cultivos, la producción agrícola, el medioambiente y la economía nacional.
Pero ¿qué significa exactamente fitosanitaria?
La palabra fitosanitaria se refiere a todo lo relacionado con la salud de las plantas. En términos sencillos, la protección fitosanitaria consiste en las medidas que toma el Estado para evitar que insectos, hongos, bacterias, virus, malezas u otros organismos dañinos entren al país, se propaguen y provoquen enfermedades o destruyan cultivos.
Por ejemplo, una fruta, semilla, planta, madera o cualquier otro producto vegetal que llegue desde otro país podría traer una plaga que no existe en República Dominicana y si esa plaga logra entrar y reproducirse, podría afectar plantaciones completas de cualquier producto agrícola que se plante en el país.
En ese sentido, el proyecto presentado por los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Tony Bengoa y Lidia Pérez, establece un sistema de prevención, vigilancia y control para detectar esos riesgos antes de que puedan convertirse en un problema mayor.
Con esta propuesta se busca crear el Sistema Nacional de Protección Fitosanitaria, bajo la responsabilidad de la autoridad oficial de sanidad vegetal del Ministerio de Agricultura, denominada en el proyecto como Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF).
Esta entidad tendría entre sus principales responsabilidades establecer los requisitos que deberán cumplir las plantas, semillas, frutas, vegetales, madera y otros productos que ingresen o salgan del territorio nacional.
También podrá realizar inspecciones en puertos, aeropuertos, pasos fronterizos, almacenes, establecimientos comerciales y unidades de producción agrícola, con el objetivo de detectar posibles plagas o productos que representen un riesgo para la producción local.
La autoridad podrá realizar análisis de riesgo, emitir certificados fitosanitarios y ordenar medidas para impedir que una plaga ingrese o se propague por el territorio dominicano.
Cuando las autoridades detecten que una mercancía puede representar un peligro para la agricultura nacional, el proyecto contempla diferentes medidas.
Entre ellas están la inspección, retención, tratamiento, cuarentena, rechazo, destrucción, retiro o reembarque de los productos considerados peligrosos.
Esto significa que una mercancía que llegue al país y pueda poner en riesgo la producción agrícola no necesariamente podrá entrar y circular libremente.
En determinados casos, los propietarios o responsables de esos productos deberán asumir los costos derivados de las medidas de cuarentena y control.
La iniciativa también permite establecer zonas bajo cuarentena cuando se detecte una plaga que pueda afectar los cultivos o la flora nacional.
En esas áreas las autoridades podrían restringir el movimiento de plantas y productos agrícolas, realizar tratamientos, instalar puestos de control y adoptar otras medidas para evitar que la plaga llegue a otras zonas.
Asimismo, se contempla la posibilidad de declarar una emergencia fitosanitaria cuando la presencia o propagación de una plaga represente una amenaza significativa para la agricultura dominicana.
El proyecto no solo se concentra en las plagas que pueden ingresar al país, también establece controles sobre los productos utilizados para combatirlas.
La propuesta regula aspectos relacionados con el registro, fabricación, importación, exportación, almacenamiento, distribución, comercialización y uso de plaguicidas, nutrientes para vegetales y productos coadyuvantes.
Los establecimientos que trabajen con estos productos deberán cumplir determinados requisitos y contar con profesionales agrícolas acreditados como regentes.
Además, la autoridad podrá restringir o prohibir determinados productos o ingredientes activos cuando existan razones técnicas que indiquen que pueden representar un riesgo para la salud humana, animal o vegetal o para el medioambiente.
Los productos autorizados deberán tener sus etiquetas y orientaciones de uso en español y cumplir con las condiciones establecidas para su comercialización.
La legislación establece obligaciones para los productores agrícolas y silvicultores, quienes deberán aplicar buenas prácticas para mantener sus cultivos en condiciones adecuadas de sanidad vegetal.
También deberán colaborar con los sistemas de vigilancia y comunicar a las autoridades cuando detecten o sospechen de la aparición de una nueva plaga.
La iniciativa legistiva contempla, además, programas de capacitación dirigidos a técnicos, extensionistas y profesionales relacionados con el sector agrícola.
El proyecto establece régimen de sanciones para quienes violen las disposiciones fitosanitarias. Entre las conductas consideradas infracciones graves figuran comercializar plantas o productos infestados con plagas peligrosas, incumplir los requisitos para importar o exportar productos vegetales, violar medidas de cuarentena, comercializar plaguicidas sin el registro correspondiente, introducir mercancías por puntos no autorizados y adulterar plaguicidas, envases o etiquetas.
Las infracciones más graves podrían ser castigadas con multas de 300 a 500 salarios mínimos y penas de prisión de uno a cinco años, además de las responsabilidades civiles correspondientes.
También podrían aplicarse medidas como el decomiso de productos y el cierre temporal o definitivo de establecimientos, dependiendo de la gravedad de la infracción.
La normativa subraya que la protección fitosanitaria tiene un impacto directo en la alimentación y en la economía del país.
Una plaga que logre establecerse en República Dominicana podría provocar pérdidas millonarias para los productores, aumentar el precio de determinados alimentos, afectar empleos y dificultar las exportaciones agrícolas.
Por esa razón, el proyecto busca que el país tenga mayores herramientas para prevenir, detectar y controlar las plagas antes de que provoquen daños de gran magnitud.
La iniciativa también contempla mecanismos para declarar determinadas zonas como libres de plagas o con baja prevalencia, lo que puede favorecer la producción nacional y facilitar el cumplimiento de las exigencias sanitarias de otros países para recibir productos agrícolas dominicanos.
Con la aprobación en primera lectura este martes, el proyecto continúa su trámite legislativo en la Cámara Baja para completarlo en el Senado. De convertirse en ley, República Dominicana contaría con un marco integral para proteger la salud de las plantas, controlar los productos vegetales que entran y salen del país, regular los plaguicidas y establecer fuertes sanciones para quienes pongan en riesgo la sanidad agrícola nacional.
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