Un logro del actual Gobierno en sus primeros años fue generar confianza en que la corrupción estaba siendo enfrentada con determinación. Las mediciones elaboradas por Latinobarómetro indicaban en 2024 que el 57% de los dominicanos consideraba que se había progresado en reducir la corrupción estatal, el segundo porcentaje más alto de América Latina.
En 2025, el índice elaborado anualmente por Transparencia Internacional mostró que República Dominicana alcanzó su mejor puntuación histórica y quedó entre apenas dos países de las Américas que habían mejorado significativamente desde 2012.
Sin desmedro de esos resultados, el período de mayor confianza parece haber quedado atrás. Los cuestionamientos surgidos alrededor de SeNaSa y el INTRANT, entre otros episodios recientes, introdujeron dudas que no estaban presentes en los inicios de la administración.
El encanto de la noche de bodas ha quedado atrás.
En la actualidad, el Gobierno ya entró en el tramo en que muchos funcionarios se enfrentan a la inexorable realidad de que su paso por el Estado tiene fecha de vencimiento.
La experiencia indica que es en esa parte del camino cuando tienden a aparecer fantasmas y se requiere redoblar la vigilancia.
En materia de corrupción, ninguna victoria puede declararse definitiva. Basta recordar que, aun entre los países de la OCDE, una encuesta reciente de Gallup muestra que en 2025 la mediana de quienes consideraban generalizada la corrupción en sus gobiernos alcanzaba el 59%.
En Estados Unidos, esa percepción llega actualmente a un sorprendente 89%. En vez de servir de consuelo, eso debe ayudarnos a entender la magnitud del reto.
El presidente Abinader tiene dos años para transformar los avances iniciales en la lucha contra la corrupción en un legado creíble y duradero.
