La protección del medio ambiente ha dejado de ser un asunto meramente ecológico para convertirse en un eje estratégico de seguridad y defensa nacional. El concierto de naciones ha comprendido que el cambio climático y la degradación de los recursos naturales impactan directamente en el desarrollo nacional y se traducen en amenazas que comprometen la estabilidad de los Estados. En este sentido, la soberanía no se limita únicamente a la defensa territorial, sino que se extiende a la preservación del derecho al medio ambiente y de los derechos de la naturaleza, como condición indispensable para garantizar la seguridad societal.
Como en anteriores intervenciones hemos indicado la seguridad nacional se ocupa de las amenazas internas que surgen dentro del territorio, mientras que la defensa nacional se activa frente a amenazas externas. Esta lógica se replica en materia ambiental: la seguridad ambiental se activa frente a la deforestación ilegal, los incendios forestales provocados, la contaminación de ríos y acuíferos, la ocupación irregular de áreas protegidas y la explotación indiscriminada de recursos naturales. Tales prácticas comprometen la salud de la población y la estabilidad social, y pueden ser instrumentalizadas por actores criminales locales. En el ámbito de la defensa ambiental, las amenazas incluyen el tráfico internacional de especies, la explotación transfronteriza de recursos naturales, la contaminación marítima y los efectos del cambio climático que trascienden fronteras. Fenómenos como huracanes, sequías y el aumento del nivel del mar impactan directamente en los Estados insulares del Caribe, obligándolos a articular cooperación internacional, diplomacia ambiental y capacidad militar y tecnológica para proteger sus recursos estratégicos.
Más allá del plano jurídico y de la política de seguridad nacional, el medio ambiente se convierte en un actor geopolítico, ya que es un instrumento para la toma de decisiones que vincula factores geográficos, políticos y ambientales con la seguridad y el desarrollo. En el Gran Caribe, donde los Estados enfrentan fenómenos climáticos extremos y presiones transfronterizas, la capacidad de proteger los recursos naturales se traduce en poder de negociación y liderazgo regional. República Dominicana, al impulsar la diplomacia ambiental y climática en su estrategia de Estado, fortalece su política exterior, capaz de articular cooperación internacional para enfrentar amenazas comunes.
La protección del medio ambiente como política de seguridad y defensa nacional, es fundamental en un mundo donde existen nuevas amenazas, por eso la seguridad y defensa ambiental se erige como una protección estratégica y de consolidación geopolítica y geoestratégica.
