El Ministerio Público ha otorgado, de manera preliminar, la calificación jurídica de trata de personas con fines de explotación laboral al proceso que se sigue contra Ángel Gabriel Capellán, conocido como “el Pastor o Capellán”, e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, acusados de maltratar física y psicológicamente a varios niños, así como de someterlos a trabajos forzosos en un local donde operaba la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive), ubicada en el municipio de Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.
“En este momento, la calificación jurídica que le hemos dado al proceso es trato de persona con fines de explotación laboral y los presupuestos que hacemos valer en dicha solicitud están todos depositados y serán ventilados en la audiencia al momento correspondiente”, comunicó este jueves la fiscal Fanny Garavitos.
Señaló que el órgano acusador aún está en la etapa de investigación y que, una vez se amplíe más, la población podrá tener acceso a todos los documentos que ellos lo conforman.
“Los niños son las víctimas directas de este proceso y serán representados por relevo. Eso tendremos que ventilarlo en el tribunal a los fines de establecer responsabilidad”, enfatizó la magistrada.
De igual forma, Garavitos informó que la audiencia en la que se tenía pautado conocer la solicitud de tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción contra los procesados, fue aplazada para el día 10 del presente mes.
“Conjuntamente con los magistrados Rodolfo Reyes y Ana Mercedes Pichardo, miembros del Ministerio Público, el día de hoy la audiencia en contra de Ángel Capellán, al igual que Isaías Muñoz, fue suspendida para el 10 de septiembre, a los fines de conocer el anticipo de prueba de los menores de edad que fueron rescatados en la Fundación, al igual que la Defensa solicitó para depositar presupuestos a los fines de defensa de sus imputados”, declaró.
Acusación
Según el expediente acusatorio, en el marco de una operación ejecutada la noche del 29 al 30 de agosto de 2026, el Ministerio Público, conjuntamente con otros órganos, rescató a 13 niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los cuatro (4) meses y los trece (13) años, que se encontraban en la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive).
“Las víctimas presentaban signos evidentes de maltrato físico y psicológico. El centro de operaciones intervenido operaba bajo la fachada de una fundación y un espacio religioso, ubicado en el interior de una finca”, afirmó el Ministerio Público.
Señala que el operativo se desencadenó a partir de la fuga de uno de los menores retenidos en el lugar, que se presentó a un destacamento policial, alertando a las autoridades sobre las condiciones de maltrato a las que eran sometidos los niños, niñas y adolescentes alojados allí.
“A la víctima que hizo la denuncia le fue realizada una evaluación por una médico legista, quien concluyó que presentaba múltiples lesiones en toda la extensión de la piel (rostro, miembros superiores e inferiores, dorso y espalda), así como quemaduras de segundo grado en el dorso de ambas manos, en vías de cicatrización”, indica el documento.
Añade que, además, le fue realizada una evaluación por una psicóloga forense, perito habilitado para dicha intervención, estableciéndose que no asistía a la escuela y que era obligado a realizar labores con madera destinadas a la construcción de una vivienda. Asimismo, se determinó que era sometido de manera constante a maltratos físicos y castigos.
En el registro de las viviendas con autorización judicial se identificaron pertenencias vinculadas a menores de edad de ambos sexos y diversas edades, atuendos de vestir, cuadernos, uniformes, mochilas, juguetes, reconocimientos y recuerdos escolares, además de actas de nacimiento y documentos personales de individuos ajenos al lugar, así como armas blancas.
