EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La presidenta de la Comisión Permanente de Niñez y Familia de la Cámara de Diputados, Soraya Suárez, junto a otros legisladores exigieron este miércoles una investigación exhaustiva sobre las circunstancias que permitieron que la Fundación Restaurando Vidas, en San Cristóbal, continuara o volviera a operar pese a que había sido intervenida por las autoridades en 2025 por presuntas irregularidades.
Suárez manifestó su preocupación ante el caso de los niños encontrados recientemente en ese establecimiento y advirtió que no basta con intervenir una institución o detectar irregularidades, sino que las autoridades deben garantizar el seguimiento y el cumplimiento de las medidas adoptadas.
“No basta con intervenir, hay que garantizar que las medidas se cumplan”, afirmó la legisladora al pronunciarse junto a miembros de las comisiones de Salud, Género, Familia y otros diputados de diferentes partidos.
La diputada señaló que, de acuerdo con las informaciones conocidas, el establecimiento no contaba con la habilitación requerida para ofrecer servicios de cuidado o atención residencial a menores de edad, situación que señaló adquiere una dimensión aún mayor al conocerse que ya había sido objeto de una intervención el año pasado.
En ese sentido, Suárez cuestionó qué ocurrió después de aquella primera intervención y cómo fue posible que un establecimiento sin la habilitación correspondiente volviera a tener menores bajo su cuidado.
“Como Comisión de la Niñez y la Familia de la Cámara de Diputados, consideramos que no solamente debemos investigar los maltratos denunciados, también debemos determinar qué ocurrió después de aquella primera intervención y cómo un establecimiento que carecía de habilitación pudo continuar o volver a operar teniendo menores de edad bajo su cuidado”, sostuvo.
La legisladora reclamó al Ministerio Público ofrecer información sobre el seguimiento dado al caso después de la intervención realizada en septiembre de 2025 y planteó varias interrogantes sobre las actuaciones de las autoridades.
Entre ellas, preguntó cuáles medidas fueron adoptadas por el Ministerio Público, qué otras instituciones fueron notificadas sobre las irregularidades detectadas y por qué, pese a esos antecedentes, nuevamente fueron encontrados menores en el mismo establecimiento.
La diputada por Santiago aclaró que estas preguntas no tienen como propósito perjudicar a ninguna institución ni establecer responsabilidades de manera anticipada, sino determinar si los mecanismos estatales de protección de la niñez funcionaron correctamente.
“Las planteamos porque el Estado tiene la obligación de revisar sus propios mecanismos cuando los sistemas de protección presentan señales de que algo pudo haber fallado”, enfatizó.
Pide investigación y atención integral para los menores
La presidenta de la Comisión de Niñez y Familia también consideró necesario que el Ministerio Público realice una investigación exhaustiva, respetando el debido proceso, para establecer las responsabilidades individuales que correspondan.
Suárez manifestó que si las evidencias determinan que hubo personas que maltrataron, permitieron o participaron en vulneraciones contra los menores, estas deben responder conforme a las leyes dominicanas.
Sin embargo, Suárez sostuvo que la responsabilidad del Estado no debe limitarse a determinar culpables, sino que también debe establecerse el nivel de afectación que sufrieron los niños y garantizar las acciones necesarias para su recuperación.
Valoró que los menores estén siendo sometidos a evaluaciones médicas y psicológicas, pero pidió que estas permitan determinar de manera integral los posibles daños físicos, psicológicos y emocionales.
Asimismo, planteó que cada menor cuente con un plan individualizado de tratamiento, protección, acompañamiento y seguimiento durante el tiempo que sea necesario.
“No podemos rescatarlos hoy y olvidarlos mañana”, advirtió la santiaguera.
Piden revisar sistema de habilitación y supervisión
La legisladora consideró que este caso debe servir para revisar el sistema de habilitación, supervisión y seguimiento de todas las instituciones que albergan o prestan servicios a niños, niñas y adolescentes en República Dominicana.
En ese contexto, resaltó la necesidad de determinar cuáles centros están debidamente habilitados, cuáles operan fuera de la normativa, cuándo fueron inspeccionados por última vez y qué mecanismos existen para garantizar que una institución intervenida o impedida de prestar determinados servicios no continúe funcionando.
“No basta con detectar, no basta con intervenir, no basta con advertir. Hay que dar seguimiento, hay que hacer cumplir las decisiones. Cuando se vulneren los derechos de nuestros niños, hay que establecer responsabilidades”, afirmó.
Suárez aseguró que las comisiones legislativas permanecerán atentas al desarrollo de las investigaciones y solicitarán las informaciones correspondientes dentro de sus atribuciones, al tiempo que acompañarán las acciones dirigidas a fortalecer el sistema de protección de la niñez.
Asimismo, sostuvo que el Estado debe actuar no solo cuando ocurre una tragedia, sino también mediante políticas efectivas de prevención, supervisión y seguimiento.
MMB/
La entrada Diputados exigen investigar por qué Fundación Restaurando Vidas volvió a operar pese a intervención en 2025 se publicó primero en El Nuevo Diario (República Dominicana).
