EL NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS.– Estados Unidos inició en agosto la deportación de miles de ciudadanos haitianos que estaban amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), una medida que ha generado preocupación entre sectores de la República Dominicana ante la posibilidad de que parte de esas personas intenten ingresar de manera irregular al territorio dominicano.
Se trata de unos 300,000 haitianos que, desde julio de 2010, fueron acogidos por el Gobierno de Estados Unidos bajo ese estatus, luego del terremoto que afectó a Haití ese año.
El TPS también fue otorgado a ciudadanos de otros países, entre ellos El Salvador, Venezuela, Honduras, Nicaragua, Siria, Yemen y Somalia, por diferentes circunstancias.
En el caso de Haití, el programa tuvo varias extensiones. Sin embargo, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca no se contempló una nueva prórroga, por lo que los beneficiarios afectados comenzaron a enfrentar procesos de retorno a su país de origen.
La situación genera inquietud en República Dominicana debido a las condiciones que atraviesa Haití y a la posibilidad de que algunos de los deportados busquen trasladarse hacia territorio dominicano.
Los haitianos deportados han permanecido durante años en Estados Unidos, donde desarrollaron sus actividades laborales, familiares y sociales, por lo que su retorno se produce en un contexto distinto al que existía cuando salieron de Haití.
Ante este escenario, sectores dominicanos han planteado la necesidad de reforzar la vigilancia en la frontera para evitar el ingreso irregular de personas provenientes de Haití.
La preocupación también se relaciona con la posibilidad de que parte de los deportados utilice República Dominicana como territorio de tránsito para intentar posteriormente llegar a otros destinos.
Asimismo, se ha señalado la necesidad de que el país esté preparado ante eventuales presiones de organismos internacionales para que República Dominicana acoja a ciudadanos haitianos afectados por las deportaciones desde Estados Unidos.
El Gobierno dominicano ha planteado en distintos foros internacionales la necesidad de que la comunidad internacional asuma una mayor responsabilidad frente a la crisis política, social y de seguridad que atraviesa Haití.
En ese contexto, se mantiene el debate sobre las medidas que debería adoptar República Dominicana ante un eventual incremento del flujo migratorio desde Haití, incluyendo el fortalecimiento de los controles fronterizos y la continuidad de los procesos de deportación de inmigrantes en condición irregular.
La situación también ha generado comparaciones con la presión migratoria que enfrenta España en Ceuta, ciudad ubicada en la frontera con Marruecos, debido a la llegada de personas que buscan ingresar a territorio español.
Sectores dominicanos advierten que un deterioro adicional de las condiciones de vida, seguridad y estabilidad en Haití podría incrementar los movimientos de población hacia República Dominicana, debido a la cercanía geográfica entre ambos países.
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