SAN PEDRO DE MACORÍS. El Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís aplazó para el próximo 2 de octubre el inicio de la acusación contra el segundo teniente del Ejército, Orlando Ramírez Medina, imputado por violencia de género, violencia intrafamiliar y trata de personas en perjuicio de su expareja de nacionalidad venezolana.
La suspensión se produjo debido a la falta de quorum en el tribunal, al presentarse únicamente una magistrada.
La procuradora adjunta María del Carmen de León, integrante del equipo litigante del Ministerio Público, lamentó los constantes aplazamientos en un proceso penal que se extiende por casi seis años y que ya había sufrido posposiciones anteriores por la falta de traslado de la víctima y la inhibición de jueces.
“Es un tribunal colegiado y solo vino una juez, entonces ella reenvió para el 2 de octubre el conocimiento de esta causa”, dijo la procuradora adjunta a periodistas que la abordaron a la salida del tribunal.
Recordó que, en la audiencia anterior, celebrada el 27 de mayo, la víctima no fue trasladada al tribunal, por lo que deploró las situaciones que vienen presentándose de manera recurrente en el proceso y que han impedido el avance del juicio.
Dijo que en mayo la audiencia se suspendió para el día 27 de julio y los jueces se inhibieron alegando que ya conocieron un proceso penal que involucra a la víctima.
“El Ministerio Público está listo para conocer su acusación. Siempre estamos listos, ya lo demás escapa a una respuesta de nosotros”, afirmó ante la decisión del tribunal que esta vez aplazó de oficio la audiencia.
“Es un proceso delicado, porque se trata de violación de derechos fundamentales, tales como: la violencia de género y de trata de personas”, expresó la magistrada.
“Estamos hablando aquí de violación de derechos fundamentales que están bien garantizados, no solamente por la Constitución, sino, también, por los pactos internacionales, como la Convención de Palermo”, subrayó.
Según el expediente acusatorio, Ramírez Medina contactó a la víctima a través de redes sociales, le facilitó el ingreso a la República Dominicana y posteriormente la sometió a explotación laboral, agresiones físicas, psicológicas y amenazas de deportación.
Ramírez Medina, quien también es empresario, cometió los hechos en contra de su expareja, una ciudadana venezolana, a quien agredió físicamente en diferentes ocasiones.
El encartado ha utilizado de manera recurrente tácticas dilatorias para entorpecer el desarrollo del juicio del proceso penal que comenzó hace unos seis años.
La Fiscalía del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, conjuntamente con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), realizaron una investigación penal en contra del militar por el hecho de que, en reiteradas ocasiones, agredió física, verbal y psicológicamente a su expareja.
El 13 del mes de noviembre del año 2019, aproximadamente a las 7:10 de la mañana, en la residencia del procesado, ubicada en el sector Hazim, de San Pedro de Macorís, este agredió físicamente y amenazó de muerte a la víctima, ocasionándole múltiples traumas en el antebrazo derecho y la pierna derecha, según se estableció en un informe con los resultados de un examen físico de fecha 13 de noviembre del año 2019, expedido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el cual forma parte del legajo de pruebas.
El caso fue denunciado ante la Unidad de Atención a Víctimas por Violencia de Género de San Pedro de Macorís, estableciéndose que, en otros hechos, Ramírez Medina golpeó a la víctima en varias ocasiones y que continuaba amenazándola de muerte y con gestionar su deportación de República Dominicana.
Durante las pesquisas, la víctima fue evaluada y se constató mediante examen físico que presentaba múltiples traumas y abrasiones y heridas contusas en la región parietal del cráneo y en ambos brazos, pierna derecha y tórax posterior, así como pérdida de las uñas del dedo índice y del dedo mayor de la mano derecha.
La investigación penal es llevada de manera conjunta por la Fiscalía de San Pedro de Macorís, la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
