Santo Domingo. – El Poder Ejecutivo aprobó, mediante el Decreto núm. 601-26, del 26 de agosto de 2026, un nuevo reglamento para supervisar el béisbol profesional y recreativo, así como las academias, ligas y programas de desarrollo que operan en República Dominicana. La medida busca organizar esta actividad, proteger los derechos de jugadores y demás participantes y establecer reglas claras para los distintos actores del sector.
La normativa designa a la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol, órgano funcionalmente desconcentrado del Ministerio de Deportes y Recreación, como la autoridad encargada de aplicar y supervisar estas disposiciones. Además, crea el Registro Nacional del Sistema de Béisbol, donde deberán inscribirse y mantener actualizados sus datos jugadores, equipos, ligas, academias, agencias, representantes, entrenadores, árbitros, scouts y otros vinculados a esta disciplina.
El reglamento también establece controles para el béisbol profesional y recreativo, incluyendo el registro de jugadores y equipos, transferencias, contratos, organización de eventos y certificación de entrenadores y árbitros. Asimismo, incorpora medidas para prevenir la manipulación de competencias, los conflictos de interés y el dopaje, además de exigir condiciones de seguridad en las instalaciones deportivas y una póliza de responsabilidad civil para los equipos de béisbol recreativo.
Uno de los aspectos principales de la nueva normativa es la protección de los prospectos y, especialmente, de los menores de edad. Las academias deberán cumplir condiciones adecuadas de seguridad, higiene, alimentación, alojamiento, transporte y atención médica cuando ofrezcan estos servicios. También deberán prevenir situaciones de abuso, explotación, acoso, discriminación, negligencia y sobreentrenamiento, procurando que la práctica deportiva no afecte la educación, la salud, el descanso ni el desarrollo integral de los menores.
Para garantizar el cumplimiento de las reglas, la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol podrá realizar inspecciones, recibir denuncias, exigir correcciones y adoptar medidas preventivas ante riesgos graves para la salud, seguridad o derechos de los participantes. El reglamento también contempla la protección de los datos personales, la coordinación con otras instituciones y mecanismos como la conciliación, mediación y arbitraje para resolver controversias. La normativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.
