SANTO DOMINGO.- Un tribunal de Santiago condenó a penas de entre cinco y 10 años de prisión a seis integrantes de una estructura criminal dedicada al tráfico, almacenamiento y distribución ilegal de armas de fuego de alta potencia, que operaba principalmente en Licey al Medio y Moca.
Las condenas fueron dictadas por el Tercer Tribunal Colegiado de Santiago contra Hornandys Emmanuel Cruz Almonte, Samuel Ramón Guaba Caraballo, César Emilio Toribio Vázquez, Félix Francisco Vásquez Peralta, Rosalba María Estrella López y Marcos de Jesús Diplán Diplán, luego de que el Ministerio Público presentara las pruebas sobre las operaciones de la organización.
Penas, multas y sentencia íntegra
Cruz Almonte recibió la pena más alta, de 10 años de prisión, que deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, en Santiago. Guaba Caraballo, Toribio Vázquez y Vásquez Peralta fueron condenados a seis años de prisión cada uno, penas que deberán cumplir en el CCR La Isleta, de Moca.
En tanto, Estrella López fue sentenciada a cinco años de prisión suspendida, condicionada al cumplimiento de varias reglas. Diplán Diplán recibió una condena de tres años de prisión suspendida y el pago de 25 salarios mínimos del sector público.
El tribunal también impuso multas de entre 50 y 75 salarios mínimos del sector público a los condenados y fijó para el 16 de octubre la lectura íntegra de la sentencia.
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Cómo operaba la red de armas
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los procesados se asociaron para introducir armas de contrabando al país, almacenarlas y, posteriormente, distribuirlas entre otras organizaciones criminales. La estructura también obtenía recursos económicos producto de la comercialización ilegal del armamento.
Durante el juicio, la fiscal Aida Medrano Gonell explicó ante el tribunal la modalidad utilizada por la organización y el rol que desempeñaba cada uno de sus integrantes.
La investigación permitió establecer que los miembros de la red adquirían las armas en Estados Unidos y posteriormente las enviaban hacia República Dominicana, utilizando compañías de envío. Una vez en territorio dominicano, eran trasladadas a centros de acopio ubicados en Licey al Medio, Santiago y Moca, desde donde eran redistribuidas.
Arsenal ocupado en los allanamientos
Como parte de una operación interagencial realizada con autorizaciones judiciales, las autoridades ocuparon 18 pistolas de alta potencia, en su mayoría Glock calibre 9 milímetros, tres revólveres y dos escopetas, además de vehículos, equipos electrónicos y 700,000 pesos en efectivo.
Durante los allanamientos también fueron encontrados varios tanques con caletas o doble fondo, presuntamente utilizados para transportar las armas de fuego.
La operación fue ejecutada luego de más de un año de labores de vigilancia, rastreo y recopilación de información sobre los métodos empleados por la organización para introducir las armas de contrabando al país.
En las investigaciones participaron unidades especiales de la Policía Nacional, entre ellas el equipo SWAT y la División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional (DEICROI), además de contar con cooperación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
Según el Ministerio Público, varios de los procesados tenían vínculos familiares y utilizaban sus propias viviendas y las de sus padres como lugares para almacenar el armamento.
Por el caso también fue procesado Valentín de Jesús Caraballo Guzmán, quien resultó absuelto por el tribunal.
Los condenados fueron hallados responsables de violar disposiciones de los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, relativos a la asociación de malhechores, así como varios artículos de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, que sancionan la tenencia, tráfico y acopio ilícito de armas de fuego.
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