Las fuerzas vivas de la nación y los magistrados de la Suprema Corte, Tribunal Constitucional, Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral y procuradores del Ministerio Público debieran poner su gestión en contexto. Consideramos lo mismo para los razonables aspirantes.
Estudiar los gravísimos sucesos donde nacieron o se consolidaron estas instituciones. Valorar la peligrosa coyuntura de 1994 que casi provocó una segunda guerra civil, pero articuló las bases de gobernabilidad que caracterizan hoy el sistema judicial.
Los reportes del embajador John Graham, jefe de misión de la OEA; Stephen Solarz, del Instituto Nacional Democrático, New York Times y Washington Post, aportaron evidencias contundentes. Luego compiladas, ampliadas y analizadas en el libro “Trauma Electoral”, de la pluma, tecla y voz autorizada de Juan Bolívar Díaz.
Además de consolidar el sistema judicial, los resultados de la reforma judicial fortalecieron la Finjus, fundada en 1990, Participación Ciudadana, creada en 1993 y al Comisionado de Apoyo la Reforma Judicial en 1996.
Igualmente, con el apoyo del pasado presidente de la Suprema Corte y actual consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Subero Isa, y la magistrada excoordinadora del Comisionado de Apoyo la Reforma Judicial y actual gerente general de la seguridad social, Aura Celeste Fernández, se facilitó que el primer Plan Estratégico dominicano, Santiago 2000, realizara un análisis del sistema judicial regional, relacionado al ordenamiento territorial y a la gobernabilidad.
Jueces y fiscales de entonces, entrevistados con la debida discreción, resaltaron la centralización, burocratismo y corrupción, como principales debilidades del sistema.
El actual sistema judicial surgió para resolver un fraude electoral demostrado. Una adulteración que cercenó las posibilidades del PRD y Peña Gómez, de ocupar el poder político, pero, paradójicamente, desencadenó la modernización institucional cuyos resultados disfrutamos hoy.
La suma asignada al sector justicia (Poder Judicial y Procuraduría General) y la Junta Central Electoral en el presupuesto del Estado 2026, asciende a RD$38 mil 895 millones. Monto necesario para mantener el sistema judicial en curso. Financiamiento de alrededor 400 fiscales, 600 jueces y 7,253 servidores judiciales. También 11 palacios de justicia, 35 fiscalías, 169 Oficialías del Estado Civil y 158 juntas electorales municipales.
Igualmente, para mantener y construir nuevas edificaciones, adquirir vehículos, obtener equipamiento para tribunales y fiscalías; imprimir cédulas de identidad, financiar elecciones, adquirir escáneres y otras inversiones y gastos que se efectúan en el sistema judicial.
Hoy, el sistema judicial debe reencontrarse con sus esencias: profesionalidad, independencia, institucionalidad, transparencia y servicio público. Solo así podrá preservar las conquistas alcanzadas y prevenir conflictos que impidan ampliar la modernización lograda.
