Hasta ahora predomina la impresión de que Luis Abinader gobierna para la mayoría del pueblo, pero tal percepción empezará a deteriorare hacia la preferencia partidaria, desde el mismo instante en que el mandatario aceptó el consenso para desempeñar simultáneamente la presidencia de la república y la presidencia del partido oficialista en los próximos cuatro años.
El debilitamiento de la institucionalidad es la principal desventaja que aflora de la controversial decisión. El artículo 128 de la Constitución establece sus atribuciones en términos de conductor de las políticas interna y del exterior, administrador civil y militar, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Posee las condiciones de jefe de Estado y jefe de Gobierno; además, según -el texto 178 Constitucional-, es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que examina y elige los jueces de las Altas Cortes.
¿Y le agregará la presidencia del PRM? Dirigir esta nación exige demasiado tiempo como para atender también las crisis y querellas internas del PRM, una organización ahora en trance de convalidar en las urnas, dentro de dos años, su condición de partido gobernante, asignándole a Abinader una carga de trabajo adicional, excesiva y, por demás, de riesgo para su salud.
Desempeñar ambas responsabilidades induce a que se confundan las alternativas y roles del Estado con los del PRM, dándole a la oposición y a sectores de opinión razones para acusar al mandatario de uso y abuso de los recursos públicos a favor de su partido. Asimismo, la decisión conlleva un costo en la opinión pública, debido a que la sociedad civil suele criticar esta práctica percibida como un retroceso hacia el caudillismo y la falta de separación de funciones.
Por supuesto, esa dualidad comporta ventajas comparativas convenientes, como la garantía de gobernabilidad, pues evita fricciones entre las decisiones del Palacio Nacional y las directrices partidarias, permite el control total del liderazgo, ya que reduce el riesgo de que surjan lideres rivales dentro del PRM capaces de debilitar al gobierno, facilita la disciplina interna estimulando a los legisladores oficialistas a aprobar los proyectos remitidos al Congreso por el Poder Ejecutivo; más importante aún: garantiza la unidad durante el aguerrido proceso electoral que se aproxima, agilizando en ese sentido la toma de decisiones para la selección del candidato presidencial.
La reciente historia política dominicana muestra como los diferentes partidos han manejado esta doble función, situación estrechamente vinculada al debate entre la eficiencia del control político partidario y el fortalecimiento de la democracia. Joaquín Balaguer (22 años y 5 periodos y medio) y Leonel Fernández (12 años, tres periodos) son los únicos en gobernar con el control absoluto y total, pero de alta dependencia de una sola figura o caudillo. En el caso de Fernández, hasta que dividió al PLD en el 2019.
El derrocado Juan Bosch no era presidente del PRD durante su gestión sietemesina de 1963; don Antonio Guzmán (1978-1982), Salvador Jorge Blanco (1982-1986), Hipólito Mejía (2000-2004) y Danilo Medina (2012-2020) tampoco desempeñaron esa doble función. Abinader empezó igual que estos últimos, pero acaba de cambiar de parecer.
En el escenario político contemporáneo, la tendencia inclina hacia la separación de funciones para cuidar la imagen de transparencia, pues las formas de gobierno de partido único (China, Cuba, Corea del Norte y Venezuela con Chávez y Maduro), junto a las llamadas “democracias fuertes” (Turquía y El Salvador), son las que ocupan la presidencia de la nación y la jefatura del partido oficialista, donde el poder real nace del partido.
