EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.— La doctora Magdalena Piña Dirocié, presidenta de Alianza Vitae, respondió a la comunicación remitida por la presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Ligia Pérez Peña, al periódico El Nuevo Diario, en la que la institución aclaró varios aspectos relacionados con la propuesta de reforma a la Ley 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
A través de una misiva dirigida a Pérez Peña, Piña Dirocié sostuvo que las explicaciones ofrecidas por el Conani, lejos de despejar sus cuestionamientos, reconfirman parte de los planteamientos que habían sido expuestos previamente sobre el contenido del anteproyecto.
La presidenta de Alianza Vitae señaló que, a su entender, la propuesta de reforma pretende redefinir el concepto de familia nuclear, pese a que este ya se encuentra establecido en el artículo 55 de la Constitución de la República y, por tanto, no requeriría nuevas definiciones.
«Entiendo que en su carta reconfirma ustedes lo dicho por nosotros: la reforma de la ley busca redefinir el concepto de familia nuclear que ya está definido en el art. 55 de la Constitución y no necesita nuevas definiciones. El pretexto para realizar dichos cambios es el interés Superior del Menor, un absoluto sin sentido, ya que el interés superior del menor siempre ha sido la prioridad en el ordenamiento jurídico dominicano independientemente del tipo de familia en la cual se encuentre», manifestó Piña Dirocié.
Carta remitida por la doctora Piña Dirocié a la directora del Conani
Cuestionó además que el principio del interés superior del niño sea utilizado como fundamento para introducir modificaciones en esta materia, al considerar que dicho principio ya constituye una prioridad dentro del ordenamiento jurídico dominicano, independientemente del tipo de familia en el que se encuentre el menor.
Cuestionamientos sobre las adopciones
Uno de los principales puntos de la respuesta de Piña Dirocié está relacionado con el artículo 235 del anteproyecto, referente a las personas que pueden adoptar.
La jurista puso especial atención a los literales que establecen que pueden adoptar “la mujer y el hombre extranjeros casados entre sí, durante cinco (5) años”, así como “la pareja extranjera, formada por un hombre y una mujer”, cuando demuestre una convivencia ininterrumpida de al menos cinco años.
«El art. 235 que hace referencia a las personas que pueden adoptar: c) La mujer y el hombre extranjeros casados entre sí, durante cinco (5) años; d) La pareja extranjera, formada por un hombre y una mujer, cuando demuestren una convivencia ininterrumpida por lo menos de cinco (5) años. Esto puede dar lugar a la adopción por parejas homosexuales. Es de todos sabido que en muchos países existen las uniones igualitarias: parejas del mismo sexo. Muchas de estas parejas están conformadas por personas transexuales: hombres trans (que son mujeres biológicas y vendrían con nombre masculino) en unión civil con mujer biológica. Tendríamos una pareja de dos mujeres, una de ellas disfrazada de hombre y con nombre masculino, adoptando un niño en nuestro país. Lo contrario también es cierto: mujer trans (que es hombre biológico y con nombre de mujer) en unión civil con otro hombre biológico», puntualizó.
A juicio de Piña Dirocié, la redacción utilizada podría generar situaciones que, según su interpretación, abrirían la posibilidad de que parejas del mismo sexo extranjeras puedan adoptar en República Dominicana, dependiendo de su reconocimiento legal en los países de origen.
La presidenta de Alianza Vitae hizo referencia a las distintas modalidades de uniones existentes en otros países y planteó escenarios relacionados con personas transexuales que, conforme a su identidad y documentación legal, podrían integrar parejas cuya composición biológica sea distinta a la que reflejan sus documentos.
Estas consideraciones fueron planteadas en respuesta a la afirmación del Conani de que el anteproyecto establece expresamente quiénes pueden adoptar y que las parejas del mismo sexo no están incluidas entre las personas habilitadas para hacerlo.
El Conani había asegurado que las informaciones que atribuyen al proyecto la posibilidad de permitir la adopción por parejas del mismo sexo son erróneas y que el uso del término “personas” en determinadas disposiciones tiene como finalidad ampliar la protección de los menores, no reconocer una categoría particular de unión.
Preocupación por el entorno digital
Otro de los artículos señalados por Piña Dirocié es el 54, relativo al derecho de niños, niñas y adolescentes a un entorno digital seguro.
La doctora reconoció que las nuevas generaciones tienen una relación cada vez más estrecha con la tecnología y las redes sociales, pero advirtió sobre los riesgos que pueden representar estos espacios para los menores, particularmente por la exposición al ciberacoso y a personas que puedan aprovechar las plataformas digitales para establecer vínculos con ellos con fines ilícitos.
En ese contexto, consideró preocupante que los menores puedan establecer amistades o relaciones sentimentales a través de las redes sociales sin la debida supervisión.
Como referencia, Piña Dirocié citó las medidas anunciadas en Francia para restringir el acceso de menores de determinadas edades a las redes sociales, como parte del debate internacional sobre la protección de niños y adolescentes en el entorno digital.
Cuestiona disposiciones sobre educación y salud sexual
La presidenta de Alianza Vitae también expresó reparos respecto al artículo 67 de la propuesta, relacionado con la garantía del derecho de acceso a la información y educación en materia de salud.
Piña Dirocié cuestionó que dentro del concepto de “salud sexual y reproductiva” dirigido a niños y adolescentes se contemplen contenidos relacionados con la vida sexual, la elección de parejas, las relaciones sexuales consensuales, la orientación sexual, la identidad de género y el acceso a métodos anticonceptivos, incluida la anticoncepción de emergencia.
Su principal interrogante se centra en la participación de los padres en ese proceso educativo y en la manera en que determinadas disposiciones podrían aplicarse a menores de edad.
“Por favor, explique a los padres de qué manera se pretende disminuir las tasas de embarazos adolescentes fomentando el sexo en los niños”, planteó Piña Dirocié en su respuesta.
La doctora insistió en que el debate sobre la modificación de la Ley 136-03 debe ser abordado con especial cuidado, debido a que involucra derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, así como el papel de las familias y del Estado en su protección.
Un debate que continúa abierto
Mientras el Conani sostiene que la reforma busca actualizar el marco jurídico para responder a la diversidad de estructuras familiares existentes y fortalecer la protección integral de los menores, Piña Dirocié mantiene sus cuestionamientos sobre el alcance de algunas de las disposiciones propuestas.
La institución ha reiterado que el anteproyecto fue elaborado bajo un espíritu de consenso y que su propósito es configurar un Sistema Nacional de Protección Integral que garantice los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes de República Dominicana.
La respuesta de la presidenta de Alianza Vitae coloca nuevamente sobre la mesa el debate en torno a la definición de familia, las condiciones para la adopción y el contenido de las disposiciones relativas a educación sexual y protección digital, aspectos que continúan generando posiciones encontradas entre distintos sectores de la sociedad dominicana.
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