EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP), Raúl Martínez, solicitó a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) investigar la actuación de funcionarios y abogados de la Dirección General de Bienes Nacionales en un proceso judicial que podría comprometer al Estado dominicano por RD$2,693.9 millones.
Martínez, miembro de la Dirección Política y secretario de Asuntos Jurídicos de la FP, hizo la solicitud tras conocerse una investigación publicada por Diario Libre, que señala que una omisión procesal de los abogados de Bienes Nacionales provocó la pérdida de un recurso de casación con el que la institución buscaba impugnar una condena relacionada con terrenos ubicados en la avenida José Contreras, en el Distrito Nacional.
De acuerdo con la publicación, el Estado deberá pagar RD$2,693.9 millones por 117,937.80 metros cuadrados de terrenos, luego de que la inactividad procesal provocara la perención del recurso presentado ante la Suprema Corte de Justicia.
El dirigente opositor consideró que, por la magnitud de los recursos públicos comprometidos, el caso no puede ser tratado simplemente como un error procesal y reclamó determinar quiénes tenían bajo su responsabilidad el expediente, qué mecanismos de supervisión existían y por qué transcurrió el plazo legal sin que se realizaran las actuaciones necesarias.
“Estamos hablando de casi RD$2,700 millones que tendrá que pagar el pueblo dominicano. Cuando una actuación o una omisión de servidores públicos tiene consecuencias de esta magnitud para el patrimonio del Estado, existe la obligación de investigar, identificar responsabilidades y explicar al país qué ocurrió”, planteó Martínez.
El Tribunal Superior Administrativo había establecido en RD$2,693,994,196.50 el monto a pagar a los sucesores de los antiguos propietarios de los terrenos. Bienes Nacionales cuestionaba esa valoración y sostenía que el balance pendiente, debidamente actualizado, era de aproximadamente RD$120.2 millones.
Sin embargo, esos argumentos no pudieron ser examinados por la Suprema Corte de Justicia debido a la perención del recurso de casación.
La sentencia TC/0771/26 del Tribunal Constitucional, dictada el 17 de agosto de 2026, confirmó la decisión de la Suprema Corte de Justicia que había declarado extinguido el recurso. Según la información publicada por Diario Libre, durante tres años no se realizó la actuación procesal requerida para impulsar el expediente, pese a que la legislación establecía mecanismos para evitar su perención.
Martínez señaló que la diferencia entre el monto reclamado y la suma que Bienes Nacionales consideraba pendiente hace aún más necesaria una investigación administrativa independiente, debido a que el Estado habría quedado impedido de discutir judicialmente una diferencia superior a RD$2,500 millones.
El secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo sostuvo que la DIGEIG debe establecer quiénes eran los funcionarios, abogados y responsables administrativos encargados del seguimiento del proceso durante el período en que se produjo la inactividad, así como determinar si existieron fallas de supervisión, negligencia u otras conductas que pudieran generar responsabilidad administrativa.
También consideró necesario establecer si las autoridades superiores de Bienes Nacionales fueron oportunamente informadas sobre la situación del expediente y qué controles institucionales existían para proteger los intereses patrimoniales del Estado en un litigio de semejante dimensión.
“Los recursos del Estado son recursos de los ciudadanos. No es admisible que miles de millones de pesos puedan perderse por una actuación procesal y que simplemente se pase la página sin determinar qué ocurrió y quién tenía la responsabilidad de impedirlo”, expresó Martínez.
El dirigente opositor exhortó a la DIGEIG a actuar de oficio ante la gravedad de las informaciones divulgadas y presentar al país los resultados de la investigación correspondiente.
“Este caso requiere respuestas. El país tiene derecho a saber cómo un expediente en el que estaban comprometidos casi RD$2,700 millones pudo permanecer durante años sin la actuación procesal necesaria para defender los intereses del Estado”, concluyó.
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