Luego de que el tribunal rechazara la solicitud de extinción de la acción penal presentada por el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez, otros dos imputados en el caso de presunta corrupción interpusieron el mismo recurso, alegando una demora excesiva del proceso judicial.
Las nuevas solicitudes podrían prolongar aún más un proceso que lleva casi seis años en los tribunales y que ya supera el plazo de cuatro años establecido por el Código Procesal Penal, según explicó el abogado Carlos Salcedo.
“El sistema de justicia, si falla en el proceso y retarda innecesariamente, dándole una solución tardía al proceso, evidentemente que esto no puede ser una carga, no le puede ser cargado al imputado”, sostuvo Salcedo.
Otros dos imputados solicitan la extinción
Ramón Burgos y Rafael Solano son los dos imputados que solicitaron ahora la extinción de la acción penal, luego de que las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazaran el mismo recurso presentado por Jean Alain Rodríguez.
Se trata de nuevos incidentes que podrían afectar el avance del juicio de fondo por presunta corrupción administrativa, un proceso que lleva más de cinco años en distintas instancias judiciales sin una sentencia definitiva.
Salcedo explicó que todo proceso debe desarrollarse dentro de un plazo razonable y que los imputados tienen derecho a reclamar cuando consideran que ese principio ha sido vulnerado.
“Los procesos deben conocerse en un plazo razonable y, lógicamente, cualquier limitación a ese derecho o cualquier vulneración a ese derecho puede ser invocada oportunamente. Pero, en este caso, Jean Alain Rodríguez perdió la razón o no tenía la razón, a juicio del Segundo Tribunal Colegiado, porque las dilaciones se debieron a argumentos o incidentes provocados, en este caso, por él mismo”.
Ministerio Público: “El proceso se va a conocer”
El caso involucra a Jean Alain Rodríguez y otros imputados, a quienes el Ministerio Público acusa de delitos relacionados con soborno, desfalco, lavado de activos y estafa contra el Estado, por un monto superior a RD$6,000 millones.
Ante las nuevas solicitudes de extinción, el Ministerio Público mantiene su posición de que el proceso debe continuar y que los acusados deberán responder a las pruebas presentadas en su contra.
“Este proceso se va a conocer y ellos tendrán que enfrentarse a las pruebas que presenta el Ministerio Público”, afirmó un representante del órgano acusador.
El proceso judicial por presunta corrupción administrativa permanece a la espera del inicio de la lectura de la acusación contra los imputados, quienes fueron enviados a juicio de fondo hace más de dos años.
