EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Luis Yépez Suncar consideró preocupante que cientos de miles de adultos mayores en el país, permanezcan laboralmente activos, no necesariamente por decisión propia o por el deseo de continuar siendo productivos, sino porque carecen de los recursos económicos indispensables para retirarse y mantener una vida digna.
En sus consideraciones semanales contenidas en “Mi pensamiento en dos minutos”, Yépez Suncar señaló que, de acuerdo con cifras oficiales del Banco Central, hasta marzo del presente año se registraban 682,744 empleados con más de 60 años, cantidad que, a su juicio, debe llamar a reflexión sobre las condiciones económicas en que viven nuestros envejecientes.
Advirtió que esas estadísticas corresponden a trabajadores registrados y, por tanto, no reflejan completamente la realidad de quienes durante décadas han desarrollado actividades en el sector informal, o ejerciendo actividades profesionales u oficios de manera independiente.
“Una cosa es que un adulto mayor continúe trabajando porque así lo ha decidido y se siente en condiciones de hacerlo, y otra muy distinta es que tenga que trabajar por necesidad, porque carece de recursos para comprar alimentos y medicinas, pagar el alquiler de una vivienda o cubrir los servicios más elementales”, expresó.
El jurista sostuvo que la sociedad dominicana debe cuestionarse ante esta realidad partiendo de un principio elemental: “nadie debe trabajar hasta morir para poder vivir”.
Afirmó que en toda sociedad mínimamente organizada debe existir un sistema efectivo de protección a los adultos mayores que les permita, al alcanzar la edad de retiro, disponer de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades esenciales sin verse obligados a continuar trabajando únicamente para sobrevivir.
Yépez Suncar explicó que uno de los principales problemas radica en los bajos ingresos que percibe una gran parte de los trabajadores dominicanos durante su vida productiva, lo que dificulta acumular los recursos necesarios para obtener una pensión adecuada al momento del retiro.
Indicó que la situación resulta todavía más difícil para quienes desarrollaron su vida laboral en la informalidad, así como para profesionales y trabajadores independientes que llegan a la vejez sin una pensión contributiva que les garantice estabilidad económica.
En ese sentido, planteó que el Estado debe fortalecer las políticas públicas destinadas a los adultos mayores de menores ingresos y consideró insuficiente limitar esa protección a las pensiones solidarias de seis mil pesos mensuales, cuyo monto calificó de simbólico frente al costo actual de las necesidades básicas.
Propuso complementar las pensiones con subsidios focalizados y tarifas especiales para servicios esenciales, particularmente electricidad, agua potable, transporte y vivienda, de manera que los envejecientes con menores recursos puedan reducir sus gastos ordinarios y preservar una adecuada calidad de vida.
Yépez Suncar sostuvo que la protección de los adultos mayores no debe ser entendida como un acto de caridad, sino como una responsabilidad social y estatal hacia quienes han dedicado décadas de su existencia al trabajo, la familia y al desarrollo del país.
“Después de toda una vida trabajando, la sociedad tiene el deber de garantizarles una vejez digna, tranquila y segura”, concluyó.
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