EL NUEVO DIARIO, LA VEGA.- Los ciudadanos Richard Lagarez y Julián Bueno, junto a otros comunitarios, denunciaron un supuesto uso del poder para afectar la imagen del alcalde de Tireo, Paul Amín Piña Báez, y exigieron a las autoridades explicar el documento utilizado para disponer su detención, quién ordenó el procedimiento y bajo qué fundamento fue trasladado durante la noche a la Dirección Regional de la Policía Nacional en La Vega.
Los declarantes consideraron necesario que se establezca particularmente si existía una orden judicial de arresto o si el procedimiento fue ejecutado mediante algún otro tipo de requerimiento u oficio administrativo.
Mientras que el alcalde aclaró que no fue detenido inicialmente en su residencia ni interceptado en la vía pública, sino que acudió personalmente al destacamento policial luego de recibir una llamada vía WhatsApp del teniente coronel Pacheco Perdomo a las 8:17 de la noche.
Piña aseguró que la comunicación permanece registrada en su WhatsApp y afirmó que durante la llamada el oficial le manifestó que tenía una orden de arresto en su contra.
Según explicó, al escuchar esa información se presentó inmediatamente y molesto ante la Policía para conocer de qué se trataba, debido a que entendía que no existían razones para que pesara sobre él una orden de arresto.
El ejecutivo municipal sostiene que, una vez allí, fue retenido y posteriormente trasladado directamente hacia la Dirección Regional de la Policía Nacional en La Vega, bajo el argumento de que existía una instrucción superior proveniente del mando policial de esa demarcación.
Esta circunstancia es precisamente uno de los puntos que los comunitarios consideran necesario esclarecer: qué documento existía a las 8:17 de la noche cuando se llamó al alcalde, quién ordenó su ejecución y cuál era su alcance jurídico.
Comunitarios cuestionan circunstancias del procedimiento
Richard Lagarez y Julián Bueno calificaron como preocupantes las circunstancias descritas y entienden que las autoridades deben ofrecer una explicación que permita despejar cualquier percepción de persecución o utilización del poder público para perjudicar políticamente la imagen del ejecutivo municipal.
Los comunitarios sostienen que se habría hablado de una orden para justificar el procedimiento, pero consideran que corresponde a las autoridades competentes presentar la documentación y establecer oficialmente su naturaleza y validez.
Una comunitaria que solicitó mantener su identidad en reserva también pidió a las autoridades policiales explicar las circunstancias del procedimiento y presentar la documentación correspondiente.
La mujer cuestionó además la manera en que, según su versión, se desarrollaron los acontecimientos frente a familiares e hijos del alcalde, considerando que una actuación de esa naturaleza puede provocar consecuencias personales y proyectar ante la población una imagen de represalia contra una autoridad municipal constitucionalmente electa.
Cuestionamientos surgen después de reclamos públicos por obras
Otro aspecto señalado por los comunitarios es el momento en que ocurrió el apresamiento.
Los declarantes consideraron necesario determinar si existe alguna relación entre lo sucedido y las posiciones públicas que el alcalde había asumido durante los días anteriores respecto del cumplimiento de distintas obras anunciadas para Tireo.
Piña había venido reclamando respuestas sobre obras e intervenciones prometidas para diferentes comunidades del municipio y había cuestionado públicamente informaciones relacionadas con trabajos que, según declaraciones oficiales, habían sido realizados en el Valle de Constanza y el municipio de Tireo.
El alcalde también había utilizado comunicaciones y documentos públicos para expresar su posición sobre el nivel de ejecución de esas obras.
Los comunitarios aclararon que estos antecedentes no constituyen por sí mismos prueba de que el apresamiento haya sido una represalia, pero entienden que la proximidad entre los cuestionamientos públicos y la posterior detención justifica que las autoridades ofrezcan una explicación transparente que elimine cualquier duda.
Productores expresan respaldo al alcalde
Representantes de sectores productivos agrícolas de Tireo también manifestaron su respaldo al alcalde Paul Piña y señalaron que defenderán el trabajo que, a su entender, viene realizando en favor del municipio.
Los productores destacaron que el ejecutivo municipal ha mantenido una posición pública frente a diferentes problemas que afectan a Tireo, reclamando respuestas de las instituciones del Estado y soluciones para necesidades históricas de las comunidades.
También hicieron referencia a los reclamos realizados por hechos violentos ocurridos recientemente en la zona, incluyendo el asesinato de una pareja de esposos, situación sobre la cual sectores del municipio han solicitado respuestas y mayor seguridad.
Piña dice sentirse conforme con actuación posterior de Maireni Solís
A pesar de sus cuestionamientos sobre las circunstancias de su detención, el alcalde aseguró sentirse conforme con el trato y la actuación posterior de la magistrada Maireni Solís, procuradora fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega.
Según la versión ofrecida por Piña, durante las conversaciones posteriores a lo sucedido, la magistrada habría expresado sentirse avergonzada por una situación que, de acuerdo con el relato del alcalde, entendía que no debió producirse en esas circunstancias.
Piña aseguró que no atribuye a la magistrada Solís una intención de perjudicarlo y valoró su disposición para manejar y esclarecer posteriormente la situación.
El alcalde afirmó que sus cuestionamientos se concentran fundamentalmente en determinar qué ocurrió antes de llegar a La Vega: cuál era el documento utilizado, quién impartió la instrucción de detenerlo y trasladarlo y cuál era el alcance legal de esa actuación.
Piden aclarar posible participación de otras autoridades
Los comunitarios consideran igualmente necesario que cualquier autoridad mencionada o relacionada con el procedimiento aclare públicamente su participación o ausencia de participación.
Señalaron que no pretenden formular acusaciones sin pruebas, pero entienden que las dudas existentes deben ser despejadas mediante documentos y explicaciones institucionales.
Para los declarantes, la mejor manera de evitar especulaciones es establecer con claridad quién solicitó la actuación, quién la autorizó, qué documento fue remitido a la Policía Nacional y quién impartió la instrucción de trasladar al alcalde durante la noche hacia La Vega.
Richard Lagarez, Julián Bueno y la comunitaria que solicitó reserva de identidad coincidieron en reclamar transparencia y una investigación que permita determinar exactamente qué ocurrió.
Los sectores que han salido en defensa de Paul Piña insistieron en que su posición no procura colocar al alcalde por encima de la ley. Señalaron que cualquier ciudadano, independientemente del cargo que ocupe, debe responder ante las autoridades cuando corresponda, pero consideran igualmente indispensable que cualquier privación de libertad se produzca respetando el debido proceso.
Finalmente, solicitaron que las autoridades expliquen con claridad cuál fue el documento utilizado para la detención, quién lo emitió, a qué proceso correspondía, quién ordenó el traslado y bajo qué circunstancias fue ejecutado el procedimiento.
Hasta que esas interrogantes sean respondidas oficialmente, los señalamientos formulados por comunitarios y productores constituyen versiones y cuestionamientos que deberán ser contrastados con las explicaciones de la Policía Nacional, el Ministerio Público y las demás autoridades involucradas.
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