FINJUS expresa preocupación por casos de privación de libertad que vulneran garantías constitucionales – (Ilustración: El Nuevo Diario)
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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) manifestó su preocupación por varios casos recientes de privación de libertad, que a su juicio evidencian graves deficiencias en el sistema de justicia penal dominicano y vulneran derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
La entidad citó el caso de un hombre que permaneció cerca de 20 años en prisión preventiva sin recibir una sentencia definitiva, desde 2006 hasta recuperar su libertad en 2026 gracias a la intervención de la Defensa Pública. Asimismo, señaló el caso de 13 personas que estuvieron detenidas por más de un mes sin ser presentadas ante un juez, situación que concluyó con su liberación mediante una acción de hábeas corpus.
FINJUS afirmó que estos hechos ponen de manifiesto la lentitud de los procesos judiciales y la falta de seguimiento de algunos expedientes, permitiendo que personas permanezcan privadas de libertad durante años sin una decisión judicial definitiva.
La organización reconoció que la seguridad ciudadana requiere respuestas firmes frente al delito y que las víctimas tienen derecho a obtener justicia. No obstante, sostuvo que el ejercicio del poder punitivo del Estado debe desarrollarse dentro de los límites establecidos por la Constitución, respetando la proporcionalidad, la dignidad humana y el debido proceso.
En ese sentido, indicó que los casos registrados no constituyen hechos aislados, sino el reflejo de problemas estructurales del sistema de justicia penal, entre ellos los prolongados períodos de prisión preventiva, los procesos judiciales que exceden un tiempo razonable y el riesgo de que esa medida cautelar se convierta en una pena anticipada.
La entidad consideró que toda privación de libertad que exceda los límites establecidos por la legislación debe ser revisada y corregida con urgencia por las autoridades competentes.
Asimismo, recordó que el principio constitucional establece que la libertad es la regla y que su restricción constituye una excepción sometida a límites, garantías y controles estrictos.
FINJUS enfatizó que la detención en destacamentos policiales, la prisión preventiva y el cumplimiento de una condena son situaciones jurídicas distintas que no deben recibir el mismo tratamiento, al tiempo que recordó que toda persona detenida mantiene la presunción de inocencia y tiene derecho a que su situación sea conocida y revisada por las autoridades dentro de los plazos y mecanismos previstos por la ley.
La fundación advirtió que cuando estos controles fallan, se produce una afectación directa al Estado de derecho, por lo que consideró indispensable que la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y las autoridades penitenciarias actúen de manera coordinada para evitar que una persona permanezca privada de libertad por ineficiencias o retrasos del propio sistema.
Finalmente, reiteró que el Estado tiene la obligación de investigar y juzgar conforme a los parámetros legales y de garantizar en todo momento derechos fundamentales como la dignidad humana, la libertad y seguridad personal, la presunción de inocencia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, los cuales no desaparecen por el hecho de que una persona sea detenida o esté acusada de un delito, independientemente de su gravedad.
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