Eludir la fecha es difícil, sumarse al entusiasmo, más difícil todavía. Todo está consumado, hoy comienza una nueva etapa. Habemus Código Penal, aunque la incertidumbre impera por el pésimo manejo del proceso, por el atrevido intrusismo para incidir en su destino.
El populismo al rojo vivo intervino, los especialistas ad hoc se multiplicaron. Los temibles “influencers” se convirtieron en agresivos codificadores. Sus peticiones estremecieron el mando y la jornada confirmó los temores del régimen a las amenazas digitales y su claudicación para evitar conflictos.
Habemus Código con el reflejo de nuestra afinidad con el presidencialismo. Infaltables los piropos para el presidente, esa lisonja que trasciende “la era” y permanece. En medio del sainete provocado por la inminencia del fin de la vacatio legis, más que enfrentar la contingencia los reclamos se dirigían al mandatario. Un ¡“sálvenos”! colectivo reclamaba su intervención.
El tortuoso proceso que hoy culmina, cargado de espectacularidad y falencias, esperando con ansiedad las decisiones del Tribunal Constitucional que hará y deshará articulados absurdos, aparejó innecesarias manifestaciones laudatorias para el jefe de estado y de gobierno. Por doquier se escuchaban las exhortaciones para que él resolviera y promulgara rápido las modificaciones propuestas, tan rápido como las aceleradas sesiones celebradas en el primer poder del estado.
Después que el Congreso despertara del sueño que mantuvo a senadores y diputados ajenos al código durante doce meses, había apuro para conocer los cambios hijos de la imprevisión y el susto.
Quizás esta vez algunas personas perdieron la inocencia y se convencieron de que “La ley es solo la expresión de la voluntad de la mayoría gobernante, lo que equivale a decir de unas muy pocas personas con nombre y apellidos que se encuentran con el pueblo una vez cada cuatro años. Una voluntad voluble y tornadiza como la propia mayoría de la que procede, especialmente cuando esa mayoría es resultado de la suma obligada de peras con manzanas”- Tomás Ramón Fernández-El Derecho y El Revés-.
Habemus Código Penal con una inesperada “Comisión de Seguimiento y Socialización”, encargada de vigilar su destino. Detalle atribuido a la genialidad palaciega, aunque la existencia de la Comisión devela debilidades institucionales que deberán ser compensadas desde afuera.
Es importante aprender el contenido del “Principio de intervención mínima”, uno de los catorce principios fundamentales del Código: “El derecho penal se aplicará únicamente como último recurso para la protección de los bienes jurídicos fundamentales, en situaciones donde otros mecanismos legales resulten insuficientes. El Estado deberá privilegiar herramientas de prevención y resolución de conflictos menos lesivos, garantizando así la proporcionalidad y subsidiariedad en su intervención, en consonancia con los principios de dignidad humana y justicia restaurativa”.
Ha culminado un ciclo. A partir de la fecha la atención de la minoría estará concentrada en las aburridas sesiones del Consejo Nacional de la Magistratura-CNM-. Con guión y acuerdos previos quedará espacio para la burla, para confirmar la incompetencia de algunos aspirantes. Situación que se repetirá hasta que las autoridades correspondientes decidan establecer otro procedimiento que permita reconocer a los protagonistas de excelentes carreras judiciales y descartar, sin arrepentimiento, las imposiciones que la cuota exige.
