Hay una espera que no se mide en minutos; más bien, en años de infancia. Mientras el país celebra avances discursivos en inclusión, miles de familias dominicanas siguen tocando puertas que no se abren: no hay suficientes escuelas, no hay suficientes terapeutas, no hay suficiente Estado para responder a la neurodivergencia.
¿Qué es la neurodivergencia?
Neurodivergencia es el término que agrupa condiciones como el trastorno del espectro autista (TEA), el TDAH, la dislexia y otras formas de procesar el mundo que se apartan de lo “típico”. No son enfermedades que curar: son maneras de ser que exigen entornos educativos adaptados, terapias oportunas y, sobre todo, voluntad institucional. En República Dominicana, esa voluntad choca de frente con una infraestructura insuficiente.
Santiago, la capital del Cibao, también espera
El Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) de Santiago es el único de la región Norte, y por eso recibe casos de las catorce provincias del Cibao. A inicios de 2025, más de 1,200 familias figuraban en su lista de espera solo en esa sede: niños esperando terapia del habla, terapia ocupacional, intervención conductual, apoyo psicopedagógico.
A nivel nacional, la red CAID completa sumaba más de 3,200 familias en espera, con tiempos que —según denuncian activistas de la inclusión— pueden extenderse hasta cuatro años.
Cuatro años. Pensemos en lo que eso significa para un niño de tres, cuatro o cinco años: la ventana de intervención temprana, la más determinante para su desarrollo, se cierra mientras espera un cupo.
No es solo Santiago
En Santo Domingo Este, la lista de espera del CAID ronda las 580 familias. En San Juan de la Maguana, cerca de 300. Padres en sectores como Cristo Rey, en la capital, han denunciado que los pocos centros privados capacitados para atender a niños con TEA cobran entre 15,000 y 18,000 pesos mensuales, una cifra inalcanzable para la mayoría, a la que hay que sumar el transporte hacia el centro más cercano.
El testimonio se repite con distintos nombres y distintas provincias, pero con el mismo fondo: “Se habla mucho, hay seminarios, discursos, pero no hay seguimiento”, resumió recientemente un padre dominicano sobre la brecha entre el discurso oficial y la vida cotidiana de su hijo. Otra madre, en un encuentro reciente sobre autismo, lo dijo sin rodeos: las barreras más grandes siguen estando dentro del propio sistema educativo.
La puerta cerrada de lo privado
Hay padres que, ante la falta de oferta pública, intentan la vía privada. Y ahí se topan con otra pared. Muchos colegios, apenas conocen el diagnóstico, exigen como condición una “sombra”, un acompañante terapéutico que asista al niño durante toda la jornada, con un costo adicional que ronda los diez mil pesos mensuales sobre la mensualidad regular.
Pero incluso cuando la familia consigue pagar esa sombra, en no pocos casos el colegio igual no acepta al niño, porque considera que “el entorno no es favorable” para él o para el resto del grupo.
Entiendo la preocupación de algunos directores y hasta de otros padres: temen que el aula no esté preparada, que el ritmo se altere, que no haya con qué responder a una crisis sensorial. Son miedos reales, no siempre de mala fe.
Pero ese razonamiento deja una pregunta sin responder: si el colegio privado los rechaza aun con sombra pagada, y el sistema público no tiene cupo, ¿a dónde va ese niño?
Excluir no es una solución, es un aplazamiento del problema hacia una familia que ya está agotada. Un niño sin escuela no deja de existir; solo deja de tener a dónde ir a aprender, a socializar, a construir una vida.
¿Cómo se siente ser padre en esa espera?
Se siente como cargar solo un diagnóstico que el Estado reconoce en el papel, pero no en los servicios. Se siente como calcular, cada mes, si alcanza para la terapia privada o para la comida. Se siente como escuchar que “ya hay políticas de inclusión” mientras tu hijo sigue sin cupo. La desesperanza no nace de la condición del niño: nace de la distancia entre la ley y la fila.
¿Por qué no hay más escuelas y centros especializados?
El país cuenta con apenas cuatro sedes CAID para atender la demanda nacional de diagnóstico y terapia, y la oferta de escuelas de educación especial sigue concentrada en unas pocas provincias.
El Ministerio de Educación ha promovido la Ordenanza 05-2024, que obliga a las escuelas regulares a garantizar acceso, permanencia y apoyos para estudiantes con discapacidad, un paso necesario.
Pero la norma no resuelve, por sí sola, la falta de aulas específicas, de personal capacitado en cada distrito escolar, ni de presupuesto sostenido para que la inclusión sea real y no solo enunciada. La inversión sigue llegando por goteo —algunas aulas aquí, un centro piloto allá— frente a una demanda que crece cada año con más diagnósticos.
La pregunta que dejo sobre la mesa
¿Cuántas generaciones de niños neurodivergentes tendrán que crecer sin escuela adecuada mientras el país construye el siguiente centro piloto?
La inclusión no puede seguir siendo un anuncio en el Día Mundial del Autismo. Tiene que ser presupuesto, personal y cupos, todos los días del año, en Santiago, en San Juan, en Santo Domingo y en cada provincia donde hoy un padre espera con la mano extendida.
