Santo Domingo. A menos de un mes del inicio del juicio de fondo por la tragedia ocurrida en el centro de entretenimiento Jet Set, los abogados de las víctimas respaldaron la intención del Ministerio Público de solicitar la pena máxima de dos años de prisión para los imputados, al tiempo que reclamaron que cualquier eventual condena sea de cumplimiento efectivo y no pueda ser suspendida.
Los representantes legales sostienen que una suspensión de la pena enviaría un mensaje de impunidad frente a un caso que dejó 236 personas fallecidas y cientos de afectados.
La postura surge luego de que la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, reiterara que el Ministerio Público mantiene la calificación jurídica de homicidio involuntario, aunque reconoció que la sanción prevista en la legislación resulta insuficiente en comparación con la magnitud de la tragedia.
El abogado Jorge Lora manifestó que las partes querellantes deben respaldar la solicitud presentada por el órgano acusador, aunque recordó que la decisión final corresponderá al tribunal.
En la misma línea, el abogado José Valdez afirmó que, ante la gravedad de los hechos, tanto el Ministerio Público como los representantes de las víctimas deben procurar que la pena máxima contemplada por la ley sea cumplida de manera íntegra.
Los abogados también consideraron que, pese al elevado número de víctimas, el proceso no presenta una complejidad técnica que justifique una prolongación excesiva del juicio.
El jurista Plutarco Jáquez explicó que el expediente involucra únicamente a dos imputados y un volumen de pruebas que, a su juicio, podría conocerse en dos o tres jornadas, permitiendo que el tribunal emita una decisión en un plazo relativamente corto.
Asimismo, adelantaron que se opondrán a cualquier solicitud orientada a suspender el cumplimiento de una eventual condena, insistiendo en que corresponderá al tribunal decidir tanto la pena como la forma en que deberá ejecutarse.
La primera audiencia del juicio de fondo fue fijada para el próximo 28 de agosto y será conocida por el juez Franny González, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional.
